Luego de que se resolviera que Sergio Uñac no puede ser candidato en San Juan, la Corte Suprema de Justicia le solicitó a la Procuración General de la Nación que dictamine si debe intervenir o no en la causa por las re-reelecciones de intendentes bonaerenses. La definición es una amenaza para las aspiraciones de los jefes comunales que se encuentran en esta situación.

El origen del expediente está en la presentación del presidente del partido PAIS de la provincia de Buenos Aires, Oscar Alva, quien realizó un pedido a la Corte Suprema para que se expida sobre la inconstitucionalidad de las reelecciones en las intendencias de la provincia de Buenos Aires y solicitó la suspensión de las PASO del 13 de agosto hasta que no se defina este punto clave.

Alva reclama que se declare la inconstitucionalidad del artículo 4 de la ley 15.315 donde establece que “los mandatos de Intendentes, Concejales, Consejeros Escolares, Diputados y Senadores que se hayan iniciado como resultado de las elecciones del año 2017 y 2019 serán considerados como primer período a los efectos de la aplicación de la presente Ley”.

Si bien la resolución del procurador general, Eduardo Casal, no es vinculante, generalmente va en sintonía con lo que termina resolviendo más adelante el máximo tribunal. Por lo cual, en caso de declarar la inconstitucionalidad de las re-reelecciones en los distritos bonaerenses, se generaría un fuerte impacto teniendo en cuenta que más de 90 intendentes llevan 2 o más períodos en el cargo.

En el Palacio Municipal permanecen atentos a la definición de la Procuración General de la Nación ya que Julio Garro es uno de los jefes comunales que en diciembre finaliza su segundo mandato (2015-2023) y tiene decidido ir por un nuevo período con un amplio respaldo para presentarse en las próximas elecciones locales. 

Desde el partido PAIS señalaron que “no existen argumentos jurídicos razonables que permitan justificar la regresión normativa e institucional republicana que supondría otorgar a algunos pocos el privilegio de permanecer en el poder, mucho más aún, si consideramos a la democracia sustancial sostenida por los derechos fundamentales y los derechos humanos como la base de sustentación del estado constitucional y convencional de derecho argentino”.