A lo largo de la semana pasada, el oficialismo negoció con un sector de la oposición una serie de modificaciones claves sobre la Ley Ómnibus para avanzar con el dictamen e intentar darle media sanción el próximo jueves. El texto fue girado ayer por la noche al Congreso, luego del acuerdo logrado por el asesor de Javier Milei, Santiago Caputo; el ministro del Interior, Guillermo Francos; y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Uno de los principales cambios a los que accedió el Gobierno nacional tiene que ver con la incorporación de una fórmula previsional de ajuste automático de haberes por inflación. Así las cosas, se va a cumplir con el ajuste trimestral que les corresponde a todos los jubilados en marzo, pero desde abril pondrá en marcha la actualización automática por inflación mensual en base al último dato de inflación disponible del INDEC.

Por otro lado, se sumaron restricciones al blanqueo pedidos por el Poder Legislativo y se reformularon los regímenes de pesca, hidrocarburos y biocombustibles. También se eliminó el gravamen sobre las economías regionales, aunque se mantuvo la suba del 31% al 33% de las retenciones para los subproductos de la soja y el aumento en otros productos.

Respecto a la delegación de facultades extraordinarias planteada por el Ejecutivo nacional, se eliminó la emergencia en materia social y de defensa y se redujo el plazo de las delegaciones legislativas a un año, con la posibilidad de prorrogar por un año más con aprobación del Congreso. Cabe destacar que el proyecto original proponía dos años de plazo y una prórroga automática de otros dos.

Además, en medio de las negociaciones con los representantes del PRO, la UCR, la Coalición Cívica (CC) y Hacemos Coalición Federal (HCF), el Gobierno aceptó dejar para el debate en sesiones ordinarias las reformas en cuestiones de salud mental, los cambios en la ley de sociedades, la discusión sobre el traspaso de la Justicia nacional a la ciudad y la reforma electoral (eliminación de las PASO).

También serán tratados más adelante en sesiones ordinarias más de  la mitad de los temas planteados en el texto original que afectaban al Código Civil y Comercial. Mientras que hubo un acuerdo respecto a las privatizaciones: se quitó a YPF del listado de 41 empresas del Estado que serán privatizadas. En tanto, para otras empresas públicas como Nucleoeléctrica, Banco Nación y ARSAT se estableció que el Estado solamente puede realizar una privatización parcial, debiendo mantener el control de la empresa.