A pocos días de la Marcha Federal Universitaria, que se realizará el 23 de abril como protesta al ajuste presupuestario del Gobierno nacional, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, dijo que avanzarán sí o sí con una auditoría “pase lo que pase, hagan lo que hagan”.

El mensaje que lanzó el funcionario en X fue replicado este sábado por el presidente Javier Milei, cuando desde la conducción de las altas casas de estudio insisten en rechazar esta posibilidad al alegar que la Constitución Nacional pregona la autonomía de las universidades.

“Un aviso importante: pase lo que pase, hagan lo que hagan, por lo menos mientras Javier Milei sea presidente, el dinero de la gente que va a las universidades se va a AUDITAR”, sostuvo Álvarez, quien alegó que la “fiscalización” de estos gastos está en la ley 24.521 de educación superior.

A eso le agregó la captura de una parte del artículo dos de esa legislación. “El Estado nacional es el responsable de proveer el financiamiento, la supervisión y fiscalización de las universidades nacionales, así como la supervisión y fiscalización de las universidades privadas. Las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires son los responsables de proveer el financiamiento, la supervisión y fiscalización de los institutos de formación superior de gestión estatal y de las universidades provinciales, si las tuviere, de su respectiva jurisdicción”, señala el extracto compartido por el funcionario que está bajo la superestructura del Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello.

La ley dice, además, en el artículo 59 bis, que el control administrativo externo de las instituciones de educación superior universitarias de gestión estatal es competencia “directa e indelegable de la Auditoría General de la Nación”, como así también que deben generar “mecanismos de auditoría interna que garanticen transparencia en el uso de los bienes y recursos”.