El fiscal Marcelo Martini se refirió esta mañana a la detención de ocho comisarios en la causa por los sobres con dinero en la Departamental. Mientras esperaba a los imputados para tomarles declaración, Martini aseguró que la causa “contradice la ley de gravedad, va para arriba”, haciendo alusión a funcionarios de mayor peso dentro de la fuerza.
En ese sentido, contó que va a elevar un informe a Asuntos Internos porque “el jefe de Policía de la provincia (Pablo Bressi) no puede desconocer algo tan grande sucediendo en la capital provincial”. “Si surge algo en la causa se lo citará”, alertó.
Además, aclaró que la causa más grave por la que se imputó a los 9 comisarios es la de “asociación ilícita” y agregó: “Debe haber muchos implicados más”.
Asimismo, aseguró que se comprobó el pedido de coimas por parte de la policía en un supermercado chino y una remisería que denunciaron que se les pedía dinero a cambio de seguridad. “Hay muchos comerciantes que me dicen lo mismo pero que no declaran por temor”, continuó Martini. Y concluyó: “El destino de los fondos no se sabe pero obviamente era para beneficio de ellos”.
Ocho jefes policiales que prestaban servicio en La Plata quedaron detenidos anoche tras la resolución de la Cámara Penal que rechazó los pedidos de eximición de prisión. Están acusados de cobrar coimas, causa que se inició tras el hallazgo de 36 sobres en un despacho de la jefatura Departamental local con 153.700 pesos. Se sospecha que el dinero era recaudado por los efectivos del juego, la droga y la prostitución. En total son 9 los apuntados. Queda un prófugo: Julio Sáenz, ex titular de la seccional Sexta.
Los detenidos son Darío Camerini (ex Jefe Departamental); Rodolfo Carballo (segundo jefe); Ariel Huck (jefe de Operaciones); Walter Skramowskyj (secretario) y los comisarios Raúl Atilio Frare (12ª); Federico Jurado (16ª); Sebastián Velázquez (2ª) y Sebastián Cuenca (3ª), a quienes vincularon con maniobras dedicadas a obtener grandes sumas de dinero, unos 200.000 pesos mensuales, que consideraron propias de una “asociación ilícita”.
Los jueces Alejandro Villordo, Carlos Silva Acevedo y Carlos Argüero les imputaron ese delito que prevé penas de hasta 10 años de prisión para sus integrantes y 15 para el responsable de la organización.
