El abogado platense Juan José Losinno reclamó que sea detenido el ex juez federal Carlos Rozanski, quien fuera presidente del Tribunal Oral Criminal Federal (TOCF) 1 de La Plata, el que condenara a gran parte de los represores en el marco de los juicios por delitos de lesa humanidad cometidos en el marco de la última dictadura.

Según publicó este lunes el portal Letra P, en la presentación realizada por el abogado una de las pruebas aportadas es una serie de fotos del ex magistrado junto a la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Barnes de Carlotto y la renunciante procuradora general, Alejandra Gils Carbó.

La presentación de Losinno no parece casual sino que podría contener cierto uso de la "oportunidad", pues se da poco después que desde Cambiemos, a través de la diputada nacional Elisa Carrió, se pusiera en duda las pruebas a través de las cuales se dictara condena en diferentes juicio por delitos de lesa humanidad.

El denunciante fue abogado de Claudio Grande (sentenciado en la causa “La Cacha”) durante las audiencias realizadas en el ex edificio de la AMIA en La Plata (4 entre 51 y 53), durante las cuales tuvo permanentes duelos verbales y de presentaciones con el magistrado.

Más allá de esos enfrentamientos, reflejados en las coberturas de aquel juicio, Losinno también lo denunció ante el Consejo de la Magistratura de la Nación.

Según la información publicada ahora, en esta nueva denuncia en el fuero federal de La Plata, Losinno pide que se investigue la conducta "parcial" de Rozanski por su presunta "simpatía" con los querellantes en el juicio oral denominado "La Cacha", que se desarrolló en la capital bonaerense. 

Lo acusa de "prevaricato, abuso de autoridad y omisión de deberes de funcionario público".

Losinno sostiene en su denuncia que Rozanski debía haberse excusado de juzgar a los acusados por delitos de lesa humanidad, toda vez que los querellantes hayan sido personas cercanas a los afectos sociales del magistrado. 

En la denuncia, el letrado recordó que Ronzaski denunció al juez Héctor Isaurralde en tanto no se excusó de intervenir como magistrado en la causa conocida como Unidad 9 dada su condición de defensor de presos políticos allí alojados, lo que –a criterio de Rozanski- constituía un "delito y/o falta que justificaba la intervención del Consejo (de la Magistratura)". 

Según el denunciante, el ex juez cometió "prevaricato (...) por haber dictado sentencia condenatoria en favor de las partes acusadoras, con quienes mantenía y mantiene una manifiesta relación de amistad". 

Rozanski "eligió escribir una sentencia de cientos de páginas para favorecer a sus amigos", dice Losinno.

Grande fue condenado a 13 años de cárcel por ser "partícipes secundarios" de los delitos endilgados y no por ser "coautores" como había solicitado la fiscalía y la mayoría de las querellas.

Según testimonios de sobrevivientes del ex centro clandestino de detención, era el agente apodado "Pablo". Pero la defensa sostiene que se trata de un error y que el verdadero "Pablo" es Estanislao Chiara Vieyra, ex agente de la SIDE.