Familiares de las víctimas de la trágica inundación del 2 de abril de 2013 que dejó un saldo de 89 muertos y multimillonarias pérdidas económicas, piden reabrir la otra causa, en donde se busca deslindar las responsabilidades políticas y determinar cómo se manejaron fondos para obras.
El pasado 6 de marzo, el juzgado correccional 4 de La Plata avaló el juicio abreviado contra el ex director de Defensa Civil de la Municipalidad de La Plata, Sergio Lezana, quien fue el único que llegó acusado a esa instancia, dando por tierra con 126 testimonios.
Para Marcelo Peña, abogado representantes de víctimas, al no abrirse la prueba al debate oral en el juicio abreviado "impidió que declaren testigos que podrían aportar datos para ampliar las imputaciones a otras personas".
Peña lamentó que el juicio abreviado "impidió que declararan testigos claves como el ingeniero Pablo Romanazi (autor de un libro sobre las inundaciones)".
"Ahora vamos a impulsar la causa que se encuentra en la fiscalía 8 a cargo de Hugo Tesón", dijo el abogado, quien el lunes recusó al mencionado fiscal, a quien acusó porque por su eventual retardo en activar la causa, “está logrando que los delitos se prescriban”.
“Queremos que se investigue realmente -y todo- llamando a testimoniales y agregando los informes para que llamen a indagatoria a los responsables que surgen de esas medidas”, comentó Peña a Infoplatense.
“Antes, con esta causa estaba Jorge Paolini; ahí se desvió la investigación y la elevó a juicio con los dos laburantes de Defensa Civil como únicos acusados”, agregó.
Responsables políticos
Peña advirtió que de la continuidad de la causa pueden surgir las verdaderas responsabilidades. “No hay aún responsables pero la idea es llegar a determinar si hubo estrago culposo o doloso… ya que las partidas presupuestarias para las obras hidráulicas para los años 2011, 2012 y 2013 son millonarias y no se destinaron ésos fondos ni demostraron qué obras se hicieron en relación con ese objeto”, destacó.
De lo conversado con Peña se desprende que incluso si se amplía la investigación “podría hallarse el delito de malversación de fondos” y apuntar a los responsables políticos.
Tesón investiga también si durante la inundación en La Plata -que provocó 89 muertos- se vendieron certificados de defunción con firmas y sellos apócrifos de médicos que diagnosticaron muerte natural en al menos 2 empresas funerarias.
El expediente se inició cuando se detectó que varias personas que habían muerto ahogadas por la inundación, sus certificados indicaban que habían fallecido por un paro cardiorrespiratorio.
