Esta firma, que llevó a cabo sus actividades en varios municipios bonaerenses, incluyendo La Plata, se enfrenta a posibles multas que podrían ascender hasta los $1.000 millones.

La decisión de imputar a Worldcoin surgió tras una investigación de la Dirección Provincial de Defensa de los Derechos de los Consumidores, que descubrió cláusulas abusivas en los contratos de adhesión de la empresa. Estas cláusulas, que presuntamente violan la Ley Nacional de Defensa del Consumidor, obligan a los usuarios a aceptar condiciones poco claras y ambiguas.

Uno de los aspectos más preocupantes de la operativa de Worldcoin es el escaneo del iris ocular de cientos de vecinos, una práctica que plantea serias interrogantes sobre la privacidad de los datos biométricos recopilados. Ariel Aguilar, subsecretario de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones de la Provincia, expresó su preocupación: "La falta de transparencia en el almacenamiento y uso de estos datos genera incertidumbre sobre la protección de la privacidad de los usuarios argentinos".

Las fiscalizaciones realizadas también revelaron otras irregularidades, como la falta de advertencias sobre la edad mínima requerida para acceder al servicio, lo que podría implicar la recopilación de datos de menores de edad. Además, se encontraron cláusulas abusivas que permitían a la empresa interrumpir el servicio sin compensación alguna para los usuarios, así como la imposición de leyes extranjeras para resolver disputas legales.

Estas prácticas contravienen múltiples normativas, incluyendo la Ley N° 24.240 y el Código Civil y Comercial de la Nación. Ante esta situación, las autoridades provinciales han tomado medidas para garantizar el cumplimiento de la legislación vigente y proteger los derechos de los consumidores.

La provincia de Buenos Aires se encuentra comprometida en defender los derechos de sus ciudadanos, especialmente en un contexto donde la tecnología plantea nuevos desafíos en materia de privacidad y protección de datos personales. La imputación a Worldcoin es un paso importante en este sentido, pero queda por ver cómo se desarrollará este caso y qué medidas adicionales se tomarán para proteger los intereses de los consumidores bonaerenses.