La tensión entre la Provincia de Buenos Aires y el Gobierno Nacional escaló a nuevas alturas con la presentación de demandas por parte del ejecutivo provincial ante la Corte Suprema. Axel Kicillof, enfrentando una situación económica asfixiante, ha llevado la disputa por los fondos retenidos a la máxima instancia judicial del país.

El reclamo se centra en dos aspectos clave: el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y el Fondo de Compensación al Transporte Público. Más de $42 mil millones de pesos que deberían haber llegado a las arcas bonaerenses de manera regular, pero que se vieron truncados por decisiones tomadas desde la Casa Rosada.

La movida del gobierno provincial no es una mera denuncia más. Se enmarca en un contexto donde las declaraciones del Presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, señalan una creciente impaciencia hacia la inacción política en temas cruciales. "Si no resuelven estos temas la Justicia lo resolverá", afirmó Rosatti, dejando en claro que el tiempo de tolerancia hacia el Gobierno nacional está llegando a su fin.

La presentación de medidas cautelares y acciones declarativas de certeza buscan desatar el nudo económico que estrangula a la provincia. Se exige a la Corte Suprema que inste al gobierno de Milei a transferir los fondos adeudados de manera inmediata y efectiva, con los intereses correspondientes, hasta que se dicte una sentencia definitiva.

El gobernador Kicillof, en declaraciones recientes, ha enfatizado que estos fondos no son caprichosos, sino sumas destinadas a ser distribuidas entre las provincias, y su retención por parte del Gobierno Nacional es injustificada. La decisión de llevar el reclamo a la Corte Suprema se suma a una serie de presentaciones realizadas por otros gobernadores, evidenciando una creciente disconformidad con la política de retención de fondos por parte del Estado Nacional.

En medio de una crisis económica y política que no da tregua, la batalla legal entre Kicillof y el Estado Nacional promete ser un capítulo crucial en la relación entre la Provincia de Buenos Aires y la Casa Rosada, con la mirada puesta en una resolución que pueda aliviar la pesada carga financiera que enfrenta la provincia más grande del país.