En una sesión que dejó más interrogantes que respuestas, los senadores votaron a mano alzada un aumento salarial que elevó los ingresos de 1,9 a 4,5 millones de pesos, sin que mediara una discusión previa sobre el tema. La jugada, orquestada en los pasillos del Congreso, dejó en evidencia las tensiones internas y la falta de transparencia en la toma de decisiones.

La estrategia, que consistió en permitir que la oposición reuniera los dos tercios necesarios para eximir a la vicepresidenta de toda responsabilidad, generó un fuerte repudio por parte de sectores críticos y ciudadanos preocupados por la gestión de los recursos públicos.

Ante las críticas, Victoria Villarruel se defendió en las redes sociales, argumentando que como presidenta del Senado no tiene injerencia directa en las decisiones legislativas y que no percibe un salario por su rol en la Cámara alta. Sin embargo, su postura no logró calmar las aguas y avivó el fuego de la polémica.

“Lamento que se le mienta al pueblo y ciertos sectores aprovechen para intentar ensuciarme, pero lo que sucedió en el Senado es perfectamente legal y NO tengo herramienta alguna para frenarlo”, remató Villarruel, en un intento por desviar las críticas y mantener su posición frente a los embates de la opinión pública.