En un escenario de creciente conflicto entre la provincia y el gobierno nacional, Kicillof anunció desde la Casa de Gobierno bonaerense la próxima presentación de esta cuarta demanda, respaldada por la Fiscalía de Estado. La decisión surge pese a las señales desfavorables enviadas por el máximo tribunal esta semana, al rechazar recursos similares promovidos por otras provincias y actores del ámbito judicial.

El gobernador acumula ya tres demandas anteriores contra el mismo Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), enfocadas en reclamar la restitución de fondos destinados al Fondo de Incentivo Docente y al Fondo de Compensación al Transporte Público de Pasajeros, entre otros. Estas demandas suman unos 90 mil millones de pesos en transferencias suspendidas desde el inicio del año, según estimaciones oficiales.

Kicillof, en su estrategia legal, busca que la Corte ordene al Estado nacional abstenerse de dictar normas o ejecutar actos que obstaculicen el flujo de transferencias a la provincia. Se estima que, de no mediar una resolución favorable, la provincia dejaría de percibir este año alrededor de 720 millones de pesos en distintos aportes que recibía hasta el año pasado, afectando áreas clave como la educación y la seguridad social.

La escalada de tensiones entre el gobierno provincial y la administración central augura un panorama político cada vez más desafiante en medio de la incertidumbre económica y social que atraviesa el país. Los próximos movimientos en el ámbito judicial serán cruciales para definir el curso de esta disputa, cuyas repercusiones podrían sentirse más allá de las fronteras de la provincia de Buenos Aires.