Un grupo de alcaldes peronistas y uno del PRO se sentaron con el ministro de Seguridad bonaerense en Escobar para avanzar en algo que Kicillof prometió en marzo pero todavía no mandó al Congreso: una ley que les dé más autonomía y poder de fuego a las fuerzas locales.
La presión desde los municipios ya no es solo verbal. El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, encabezó este martes en Escobar una reunión con intendentes de distintos distritos para avanzar en la discusión por una reforma de la ley de seguridad provincial y la creación de un marco legal para las policías municipales. El encuentro tuvo como anfitrión a Ariel Sujarchuk, quien ya lleva más de un año construyendo su propia fuerza de seguridad local —y chocando con el propio Alonso en el camino.
El cónclave reunió a figuras de peso territorial. Participaron Jorge Ferraresi (Avellaneda), Leonardo Botto (Luján), Gastón Granados (Ezeiza), Federico Otermín (Lomas de Zamora), Nicolás Mantegazza (San Vicente), Federico Achával (Pilar) y Federico Susbielles (Bahía Blanca). Distritos con millones de habitantes. Zonas donde la inseguridad no es un dato estadístico sino una realidad cotidiana.
Dos reclamos, un solo mensaje
Los intendentes pusieron sobre la mesa dos demandas concretas. La primera: que ellos sean los jefes formales de sus fuerzas locales, con capacidad de mando real y no solo nominal. La segunda —y más sensible políticamente— es que sus efectivos puedan portar y usar armas de fuego, lo que implicaría pasar de la prevención al combate directo del delito.
No es un pedido menor. Hoy las policías municipales operan con un perfil acotado: vigilancia, presencia en el territorio, disuasión. Armarlas cambia por completo el esquema, y abre debates legales, operativos y políticos que la Provincia todavía no terminó de resolver.
El proyecto de Kicillof que no llegó
El trasfondo de la reunión es un anuncio que el gobernador hizo en la apertura de sesiones de este año: un proyecto de ley para ampliar la autonomía de las fuerzas municipales. El problema es que ese proyecto todavía no llegó a la Legislatura. Con el apoyo explícito del ministro Alonso y la presión de los territorios, la pelota ahora está en el campo de la Legislatura bonaerense, donde se definirá si este modelo de «policía de proximidad» obtiene finalmente el marco legal definitivo para operar en toda la provincia.
El envío de Alonso al encuentro funciona, en ese contexto, como una señal: el Ejecutivo provincial escucha, pero no termina de mover los tiempos.
Sujarchuk, el que más empuja
El intendente de Escobar lleva más de un año apostando fuerte a este modelo. En marzo de 2025, Sujarchuk lanzó la Policía Municipal de Escobar, una iniciativa que en aquel entonces muchos miraban de reojo como una «prueba piloto» con final incierto. Hoy, con resultados que él mismo defiende públicamente, se convirtió en el referente del reclamo.
La relación con Alonso, sin embargo, no siempre fue armónica. Tiempo atrás, Sujarchuk criticó al ministro por oponerse a la compra de pistolas Byrna —armas no letales— para su fuerza local, y denunció que la reacción del funcionario había afectado los recursos que la Policía bonaerense debe destinar al municipio. Que ahora compartan una mesa de trabajo habla de la magnitud de la demanda, no necesariamente de que las diferencias se hayan saldado.
El impacto que se replica en el Gran La Plata
Lo que se discutió en Escobar no es ajeno a La Plata y su región. Varios municipios del Gran La Plata cuentan o aspiran a contar con fuerzas de seguridad propias, y la eventual sanción de una ley que les dé más autonomía y capacidad operativa definiría el mapa de la seguridad en toda la provincia.
La pregunta de fondo sigue siendo la misma: ¿puede la Provincia garantizar seguridad desde la Bonaerense, o el modelo descentralizado —con intendentes como jefes de sus propios cuerpos armados— es el camino que se viene?
La reunión de ayer no resolvió nada. Pero dejó en claro que el debate llegó a un punto sin retorno.
