Tras más de dos meses de interna feroz, el massismo cedió y el kirchnerismo se quedó con la presidencia de la comisión más codiciada del Senado bonaerense. Detrás del acuerdo, una disputa que va mucho más allá de las sillas: quién define el mapa judicial de la Provincia en año preelectoral.
La tregua llegó el viernes. Verónica Magario y Malena Galmarini se sentaron, hablaron y sellaron un acuerdo que destrabó, al menos formalmente, más de dos meses de parálisis legislativa en el Senado bonaerense. El precio de la paz lo pagó el massismo: la esposa de Sergio Massa resignó la presidencia de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, y esa silla queda para el kirchnerismo.
El nombre que la ocupará es el de Emmanuel González Santalla, senador de La Cámpora. Y ese dato no es menor: quien preside esa comisión tiene en sus manos el trámite de todos los pliegos judiciales de la Provincia de Buenos Aires. Incluyendo los de los futuros integrantes de la Suprema Corte de Justicia.
La comisión más codiciada del Senado
La Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos no es una entre tantas. Es, en la práctica, el filtro por el que pasan todos los nombramientos judiciales de la Provincia: jueces, fiscales, defensores y, sobre todo, los magistrados del máximo tribunal bonaerense. Quien la preside maneja los tiempos, el orden del día y, en definitiva, el ritmo al que la Justicia bonaerense se renueva o se estanca.
En ese contexto, la pelea tenía una lógica precisa: el kirchnerismo quería ese puesto desde el principio. La Cámpora sostuvo que 18 de los 24 senadores del bloque Fuerza Patria habían acordado que González Santalla se quedara. Sin embargo, el decreto que Magario firmó a comienzos de mes le asignó la presidencia al massismo, lo que desató la furia del cristinismo. Lo de este viernes, en el kirchnerismo, no lo llaman concesión: lo llaman reparación.
El mapa del acuerdo
El Frente Renovador no se va con las manos vacías. Valeria Arata, senadora massista, asumirá la presidencia de la Comisión de Presupuesto e Impuestos, que controla los números de la Provincia. Galmarini, por su parte, probablemente quede al frente de la Comisión de Reforma Política y Régimen Electoral, una pieza que, en un año con elecciones de medio término en el horizonte, tiene su propio peso estratégico.
El tercer espacio del oficialismo —el bloque que responde a Sergio Berni— fue en los hechos el que más temprano señaló que ACA debía quedar en manos del kirchnerismo. Su presión sostenida jugó en favor del resultado final.
La Suprema Corte: cuatro sillas vacías y una Justicia que cruje
El telón de fondo de esta disputa es concreto y urgente. La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires tiene solo tres miembros activos: Hilda Kogan, Daniel Soria y el presidente Sergio Torres. Cuatro vacantes la incompletan desde hace más de seis años. El tribunal llegó a reclamarle formalmente y con urgencia al gobernador Axel Kicillof que active las negociaciones para cubrirlas. El gobierno respondió que es «una prerrogativa del gobernador, que la definirá según criterios de oportunidad y conveniencia». En otras palabras: sin plazos.
Pero el problema no termina ahí. En el sistema judicial bonaerense hay más de 200 cargos vacantes entre juzgados, fiscalías, defensorías y cámaras de distintos departamentos judiciales. Una infraestructura que funciona con la mitad del personal necesario, en una provincia que es la más populosa del país.
Para cubrir cada uno de esos cargos, los pliegos tienen que pasar por la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos. La que ahora presidirá La Cámpora.
La interna que paralizó la Legislatura
Lo que acaba de resolverse tuvo un costo institucional visible. El Senado bonaerense no sesionó ninguna vez en lo que va de 2026. La Cámara de Diputados estuvo casi medio año en la misma situación. Proyectos de ley, presupuestos, habilitaciones: todo frenado mientras el peronismo dirimía quién se sentaba dónde.
El timing no es trivial. La parálisis legislativa coincidió con el período de mayor tensión entre el gobierno de Kicillof, el kirchnerismo y el massismo, en un año en que el horizonte electoral de 2027 empieza a definir posiciones. Mientras el oficialismo se trababa en la interna, La Libertad Avanza intentó sacar provecho político de la imagen de un peronismo autobloqueado.
Kicillof, entre Cristina y Massa
El acuerdo de este viernes se enmarca en un proceso más amplio de reordenamiento interno del peronismo bonaerense. El gobernador Axel Kicillof avanza en la construcción de su propio espacio —el Movimiento de la Fuerza— intentando posicionarse como una figura autónoma de cara a 2027, y lleva en la mano el poder de proponer los candidatos a la Suprema Corte.
El problema es que, para que esos candidatos lleguen al Senado y sean aprobados, necesita negociar con La Cámpora y con el Frente Renovador. Los mismos sectores que acaban de terminar una pulseada de dos meses por una comisión. Y que aún tienen pendiente la disputa por la Comisión de Reforma Política, que definirá las condiciones del juego electoral para 2027.
La tregua firmó en el papel. La tensión de fondo sigue sin resolverse.
Con González Santalla al frente de Asuntos Constitucionales, La Cámpora controlará el ritmo al que el gobierno podrá presentar y avanzar con los pliegos de la Suprema Corte. Si las negociaciones entre Kicillof, el kirchnerismo y el massismo no llegan a un acuerdo sobre los nombres —especialmente en los dos cargos donde se exige consenso interno—, las vacantes del máximo tribunal podrían extenderse otros doce meses más, en medio de una Justicia provincial que ya opera en estado crítico.
