El Frente Patria Grande salió con los tapones de punta tras el procesamiento del diputado Juan Grabois en la causa por la toma del Instituto Perón. Calificaron el fallo de «mamarracho jurídico» y cruzaron al juez Sebastián Ramos por sus vínculos con la causa de Lago Escondido.
El procesamiento del diputado y dirigente social Juan Grabois no cayó como una noticia más en el kirchnerismo duro. El Frente Patria Grande emitió un comunicado en el que denunció persecución política, cuestionó al Poder Judicial y acusó al Gobierno nacional de impulsar una estrategia de amedrentamiento contra la oposición.
Como informara ayer InfoPlatense, la causa tiene su origen en una protesta en defensa del Instituto Nacional Juan Domingo Perón. Grabois enfrenta cargos por resistencia a la autoridad y violación de domicilio, delitos que desde su espacio desestiman de plano. «En la causa se lo acusa por dos delitos inventados», señalaron, remarcando que la protesta se desarrolló en un edificio público y de manera pacífica.
El juez en la mira
El blanco principal del comunicado fue el magistrado interviniente. Desde Patria Grande calificaron la decisión del juez Sebastián Ramos como un «procesamiento trucho» y un «mamarracho jurídico», sosteniendo que el fallo responde a presiones políticas.
El dato que agrega tensión al cuadro: Ramos es el mismo juez que absolvió al entonces funcionario Juan Bautista Mahiques en el expediente de Lago Escondido, el encuentro entre magistrados y empresarios en la Patagonia que sacudió al Poder Judicial hace dos años.
Para Patria Grande, la coincidencia no es casual. El espacio publicó en X: «No nos vamos a dejar amedrentar por Milei y la mafia judicial de Lago Escondido».
La contracara: Espert en la mira de Grabois
El comunicado también tiene una lectura en clave ofensiva. Desde el espacio vincularon la causa contra Grabois con otras investigaciones judiciales, entre ellas la que involucra al diputado José Luis Espert por presunto lavado de dinero, impulsada por el propio Grabois.
La lectura política es directa: el procesamiento buscaría frenar esa causa o al menos desgastar al impulsor. «No hay dudas de que lo de Espert es solo la punta del iceberg de una red de lavado de dinero que, en caso de avanzar la investigación, se llevará puesto a unos cuantos más», afirmaron desde el espacio.
Irregularidades procesales y el antecedente Bullrich
Además de los cuestionamientos políticos, Patria Grande apuntó a la forma en que se instruyó el expediente. Señalaron presuntas irregularidades en la investigación, falta de producción de pruebas y la negativa a aceptar testigos de la defensa, lo que calificaron como una vulneración del derecho a defensa.
El Frente recordó también el episodio de la detención de Grabois y mencionó declaraciones de la entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich, a quien acusaron de haber anticipado públicamente la decisión judicial. Si eso se confirma, el problema no sería solo judicial sino de coordinación entre el Ejecutivo y el Poder Judicial, algo de enorme gravedad institucional.
“No nos van a callar»
El espacio aseguró que la causa también alcanza a otros militantes y reiteró que no se dejarán «amedrentar», ratificando su continuidad en las acciones políticas. «Seguiremos luchando por una Argentina con tierra, techo y trabajo. No nos van a callar», concluyeron.
Clima de campaña
El procesamiento de Grabois llega en plena campaña para las elecciones de octubre 2027. Lejos de silenciar al espacio, el fallo le da a Patria Grande un relato de victimización que puede resultar políticamente rentable en el llano. La pregunta es si la causa avanza hacia un juicio oral o si queda trabada en instancias previas, algo que dependerá en buena medida de los tiempos que maneje la Cámara Federal. En La Plata, donde Grabois tiene presencia territorial a través de las organizaciones sociales vinculadas al MTE, el impacto puede sentirse en la movilización hacia el cierre de listas.
