Antonio Rodríguez, el único imputado que había admitido su responsabilidad en la causa de los empleados fantasma de la Legislatura bonaerense, rechazó la condición extra que le imponía la fiscalía. El fracaso del acuerdo empuja el expediente hacia un juicio oral que recién podría arrancar en marzo de 2027, ante el Tribunal Oral Criminal N°5 de La Plata.
El caso «Chocolate» Rigau sufrió un traspié judicial que reordena los tiempos de todo el expediente: el único acuerdo de juicio abreviado alcanzado hasta ahora se cayó porque el acusado no aceptó una cláusula que le impedía volver a trabajar en el Estado.
Se trata de Antonio Rodríguez, uno de los cerca de cincuenta exempleados «fantasma» o «ñoquis» de la Legislatura bonaerense procesados en la causa, que en abril había admitido su responsabilidad a cambio de tres años de prisión en suspenso. El esposo de la concejal libertaria de Berisso Laura Fernández, Antonio Javier Rodríguez, había sido el primero —y hasta ahora el único— en dar ese paso.
Qué pedía la fiscalía y qué rechazó el imputado
El acuerdo abreviado no incluía solo la pena en suspenso: la fiscalía sumó como condición la inhabilitación para volver a ocupar cargos en la administración pública. Fue justamente ese punto el que el imputado no estuvo dispuesto a aceptar, según trascendió del expediente que tramita el Tribunal Oral Criminal N°5 de La Plata.
Con la caída de ese acuerdo, la causa vuelve a ingresar en una etapa de incertidumbre sobre los tiempos procesales. Si los peritajes en curso concluyen hacia septiembre y no prosperan nuevos planteos, el debate oral recién podría empezar en marzo de 2027.
Las penas que pide la fiscalía para los jefes de la maniobra
Mientras el único intento de abreviado fracasó, la fiscal de la causa ya adelantó qué penas va a pedir si el expediente llega a juicio oral: seis años y cuatro meses de prisión para Claudio Albini, exsubdirector de Personal de la Legislatura bonaerense; cuatro años y tres meses para su hijo Facundo Albini, exconcejal massista; y cinco años y seis meses para Julio «Chocolate» Rigau, el «tarjetero» que recaudaba para el PJ.
Para los empleados fantasma acusados de haber cedido sus tarjetas de débito, la fiscalía pide condenas de tres años en suspenso, la misma pena que había aceptado Rodríguez antes de que el acuerdo se cayera.
Por qué nadie va preso, pese a la magnitud de la causa
Pese a la gravedad de las imputaciones —asociación ilícita y fraude en perjuicio de la administración pública, con un perjuicio estimado en al menos $464 millones—, todo indica que ninguno de los principales acusados terminaría alojado en una unidad penitenciaria. Rigau y los Albini permanecen bajo arresto domiciliario, una modalidad que podría sostenerse incluso en caso de condena de cumplimiento efectivo.
El costado platense y bonaerense de la causa
El caso nació en La Plata: Rigau fue detenido en septiembre de 2023 sacando dinero de cajeros automáticos del centro de la ciudad, con 48 tarjetas que no eran suyas. La instrucción estuvo a cargo del juez platense Federico Atencio y de la fiscal Lacki, y hoy el expediente ya trascendió los límites de la capital provincial: entre los más de cincuenta imputados figuran también el esposo y la cuñada de una concejal de Berisso.
La causa expuso además una paradoja que atraviesa a buena parte de los empleados fantasma: varios de ellos reclamaban directamente que los dieran de baja de la Legislatura porque, al figurar con un sueldo formal, perdían el acceso a las asignaciones sociales que efectivamente necesitaban.
