El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, salió a respaldar la aplicación del artículo 59 de la Ley de Presupuesto 2026, que obliga a empresas estatales como ABSA y AUBASA a aportar al Instituto de Previsión Social en lugar de la ANSeS. La medida alcanza a unos 20.000 trabajadores y ya generó una demanda de inconstitucionalidad del Gobierno de Javier Milei.
La disputa entre la Provincia y Nación sumó esta mañana un nuevo capítulo. El Gobierno bonaerense salió a defender su decisión de que unos 20.000 empleados de empresas estatales, entre ellas ABSA y AUBASA, dejaran de aportar a la ANSeS para hacerlo, desde este año, al Instituto de Previsión Social (IPS).
«Creemos que es lo que corresponde porque son empresas estatales de la provincia de Buenos Aires y que, por lo tanto, corresponde llevar adelante los aportes en la Caja Provincial para luego jubilarse con la jubilación provincial», explicó el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, en conferencia de prensa.
Qué estableció la ley bonaerense
Los dichos del funcionario apuntaron a justificar la aplicación del artículo 59 de la Ley de Presupuesto 2026, sancionada por la Legislatura bonaerense, que fijó la obligatoriedad de que las empresas estatales provinciales realizaran los aportes patronales al IPS y no a la ANSeS. La medida implicó transferir al sistema previsional bonaerense millones de pesos mensuales correspondientes a esas 20.000 personas que antes iban a Nación.
La respuesta del Gobierno nacional: demanda ante la Corte Suprema
Frente a esa decisión, la administración libertaria presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia contra la Provincia y el IPS. El planteo se justificó en una supuesta invasión de competencias federales, en la desfinanciación de la ANSeS y en el conflicto que generaría entre ambos sistemas jubilatorios.
Bianco cuestionó esa denuncia y sostuvo que buscó «dificultar la gestión en la provincia», porque el Gobierno de Javier Milei «no se quiere quedar sin los fondos». Además, remarcó que la postura nacional «va en contra de toda la doctrina que siempre mantuvo la ANSeS», ya que, según explicó, en casos similares el organismo se había expedido de manera favorable a que empresas u organismos estatales provinciales aportaran a sus propias cajas.
Un conflicto que ya se extendió a la educación privada
La medida alcanzó, además de ABSA y AUBASA, a Centrales de la Costa y otras empresas del Estado provincial. Y no fue el único frente abierto por el artículo 59: la entidad que agrupa a los establecimientos educativos privados también presentó una demanda para que se declarara inconstitucional el artículo que obliga a los colegios a transferir al IPS los aportes de docentes y auxiliares, una medida que, según estimaciones del propio sector, podría alcanzar a unos 55.000 trabajadores.
Qué implica para la Región
El conflicto tocó de cerca a la Región: ABSA, la empresa de agua que presta servicio en buena parte de los municipios bonaerenses, incluida La Plata, y AUBASA, concesionaria de autopistas provinciales, quedaron en el centro de una pelea que combina fondos previsionales, disputa institucional y una nueva instancia judicial que definirá si Provincia o Nación se quedan con los aportes de miles de trabajadores.
Con la causa ya en la Corte Suprema y un frente paralelo abierto por los colegios privados, la definición judicial sobre el artículo 59 se va a transformar en las próximas semanas en un antecedente clave para el resto de las disputas por fondos entre la Provincia y la Casa Rosada, en un año donde la pelea por la coparticipación y el financiamiento bonaerense no da tregua.
