El municipio avanza con la adjudicación de la licitación para tareas de barrido, mantenimiento y limpieza en toda la ciudad, luego de que el Tribunal de Cuentas bonaerense objetara la contratación directa que regía hasta ahora. La medida ya generó incidentes frente al Palacio Municipal.
La cuenta regresiva llegó a su tramo final. Esta semana, la Municipalidad de La Plata definirá la adjudicación de unos 60 contratos de servicios comunales, después de que la comisión evaluadora expida su dictamen sobre las ofertas presentadas por cooperativas y empresas.
El proceso no nace de una decisión espontánea del Ejecutivo local: responde a una observación del Tribunal de Cuentas de la Provincia, que marcó como irregular la modalidad de contratación directa que la Comuna venía usando para este tipo de tareas. Ese señalamiento obligó a migrar hacia una licitación pública, el mecanismo que hoy tiene en vilo a buena parte del sector cooperativo platense.
La bronca en la calle, antes que en los pliegos
El cambio de esquema no pasó sin ruido. Un grupo numeroso de cooperativistas denunció que las tareas que vienen realizando desde hace años quedaron afuera del proceso licitatorio y calificó la situación como un despido encubierto de trabajadores. El reclamo escaló hasta las puertas del Palacio Municipal, donde las protestas terminaron con destrozos y un clima de tensión que todavía no bajó.
Qué incluyen los contratos y cuánto cuestan
La licitación abarca un paquete amplio: mantenimiento de espacios públicos, barrido, corte de césped, limpieza de zanjas, mantenimiento de edificios municipales, apoyo operativo para la recolección de residuos y el programa Ciudad Limpia. También entran servicios para las áreas de Salud, Educación, Desarrollo Social y Cultura, el Teatro Coliseo Podestá, y la remoción de vehículos abandonados o siniestrados de la vía pública.
Los contratos tendrán una duración de 18 meses —es decir, hasta el cierre de la actual gestión municipal— y un costo mensual cercano a los 2.500 millones de pesos. La apertura de sobres se hizo en la primera semana de julio y, tras 15 días de análisis, se espera la resolución definitiva en los próximos días.
Un mapa nuevo, con la UNLP y la UTN de por medio
El esquema no se limita a cambiar de proveedor: también rediseña el control territorial. La UNLP participó en la división del distrito en 32 zonas, incluido el Casco Urbano, para organizar la distribución de tareas. La supervisión técnica del cumplimiento, por su parte, quedará en manos de la UTN, mediante un convenio firmado con la Comuna.
Con el dictamen de la comisión evaluadora esperado para los próximos días, la definición sobre qué cooperativas y empresas quedan dentro —y cuáles afuera— del nuevo esquema puede reactivar la tensión callejera que ya dejó una marca en el Palacio Municipal. La respuesta del municipio a ese reclamo será tan determinante como la letra chica de los pliegos.
