El proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada vuelve al Senado el próximo jueves en su cuarto intento de aprobación. Sin embargo, el Gobierno de Javier Milei enfrenta dos problemas simultáneos: no tiene los votos suficientes y sus propios funcionarios no se ponen de acuerdo en qué modificaciones aceptar. Mientras tanto, la oposición prepara una marcha al Congreso y presenta en Diputados una reforma que va exactamente en la dirección opuesta.
La pelea Sturzenegger-Bullrich que frenó todo
El proyecto es del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. La encargada de negociarlo en el Senado es la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich. Y ahí está el problema.
Bullrich incorporó cambios al texto en consenso con bloques aliados. A Sturzenegger esos cambios «le hicieron ruido». Sin posibilidad de acuerdo, la sesión del 16 de julio se suspendió. El cuarto intermedio quedó fijado para el 6 de agosto, pero las negociaciones con los aliados se cortaron.
Karina Milei terminó inclinándose por la postura de Bullrich. Sin embargo, desde el entorno de Sturzenegger llegaron señales contrarias: «Por ahora no se va a introducir ninguna modificación», dijeron en off. En el bullrichismo confirmaron que habrá cambios, pero sin dar detalles. El proyecto ya acumula cerca de veinte versiones del capítulo de tierras.
«Nuestra dinámica es que los proyectos se escriben acá y después en el Congreso se encargan de que salgan aprobados», deslizaron en la Casa Rosada. Esa dinámica, esta vez, no está funcionando.
Los votos que faltan y los que ya son «no»
Con 72 senadores presentes, el oficialismo necesita 37 votos. Los números hoy no cierran.
LLA tiene 21 senadores y espera llevarlos todos. El PRO suma 3 (Andrea Cristina, Victoria Huala y Enrique Goerling Lara). De la UCR solo dos ya confirmaron su apoyo: Mariana Juri y Rodolfo Suárez, ambos de Mendoza. Eso da 26 votos firmes. Faltan al menos 11 más.
Para llegar a 37, el Gobierno necesita convencer a dialoguistas de la UCR, bloques provinciales como Provincias Unidas, Primeros los Salteños y La Neuquinidad. En ese grupo están los votos en duda. Y en ese grupo también está el «no» más claro de la semana.
La senadora cordobesa Alejandra Vigo, de Provincias Unidas, anticipó su rechazo. «Ningún país serio cede su territorio productivo sin restricción. La soberanía sobre los recursos estratégicos no es un capricho, es una política de Estado», escribió en X. También rechazarán el capítulo de tierras tres senadores radicales y la salteña Flavia Royón. Eso le agrega dificultades al cálculo.
Según LPO, el bloque opositor suma un piso de 33 votos en contra. Además, los misioneros Sonia Rojas Decut y Carlos Omar Arce están en duda y los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano fuera de los cálculos.
Como si fuera poco, la postura de la vicepresidenta Victoria Villarruel en un eventual empate es una incógnita activa. La tensión con Milei de los últimos días dejó esa variable sin definir.
Qué propone la ley y qué dice la oposición
La Ley de Tierras vigente (Nº 26.737, sancionada en 2011) fija un tope del 15% de superficie rural extranjerizada, tanto a nivel nacional como provincial y departamental. Ninguna nacionalidad puede concentrar más del 30% de ese porcentaje. Hoy, según el Observatorio de Tierras de la UBA y el Conicet, unas 13 millones de hectáreas —cerca del 5% del país— ya están en manos extranjeras.
El proyecto de Sturzenegger elimina esos topes para personas y empresas privadas extranjeras. Solo exigiría autorización provincial y nacional cuando hubiera participación de Estados extranjeros. Los aliados dialoguistas piden mantener un límite del 20 o 30% por provincia. El ministro se niega.
La cordobesa Vigo vinculó su posición al federalismo, pero aclaró que los recursos estratégicos «son de toda la Nación». La oposición kirchnerista convocó a movilizarse frente al Congreso el jueves. También lo hizo la izquierda y grupos de autoconvocados. El Gobierno dijo que «está monitoreando».
La contrarreforma que lanzó el kirchnerismo en Diputados
Mientras el Senado se prepara para debatir la apertura, Unión por la Patria presentó en la Cámara de Diputados exactamente lo contrario. La bonaerense Agustina Propato, vicepresidenta de la Comisión de Defensa, impulsó una reforma de la Ley 26.737 que no solo conserva los límites actuales sino que los amplía.
La iniciativa prohíbe la compra o arrendamiento de tierras rurales a extranjeros dentro de un radio de 30 kilómetros de puertos, centrales eléctricas y nucleares, yacimientos mineros, infraestructura petrolera y acuíferos estratégicos. Propato llamó a esa franja un «anillo de protección». La Provincia de Buenos Aires suma su propio proyecto en la Legislatura bonaerense, con un tope del 15% por municipio y requisitos de identificación de beneficiarios finales.
La diputada advirtió que el proyecto oficial viene «con sorpresita» y acusó al Gobierno de querer «desterritorializar» la Argentina. El diputado Juan Grabois habló de «un remate de la patria». La contrarreforma de UP recién ingresó a Diputados y no tiene fecha de tratamiento, pero marca el territorio político previo al debate del jueves.
