El proyecto de Maite Alvado exige dos tercios de la Legislatura para cualquier cambio en el control de las compañías estatales. Lo apoyaron kirchneristas, axelistas, massistas, radicales y los hermanos Passaglia. LLA y PRO emitieron dictamen de minoría.
El kirchnerismo logró en la Legislatura bonaerense dictamen de comisión para bajar al recinto de Diputados un proyecto que busca blindar a las empresas públicas ante eventuales intentos de privatización. La iniciativa la presentó la diputada de La Cámpora Maite Alvado y tiene una lógica preventiva que nadie en el oficialismo se molestó en disimular: anticiparse a lo que podría ocurrir si La Libertad Avanza llega al gobierno provincial en 2027.
Qué propone la iniciativa
El proyecto establece que cualquier cambio en el control de las compañías estatales deba ser aprobado por una ley que requiera una mayoría especial de dos tercios de los miembros de la cámara y no con mayoría simple, como ocurre en la actualidad.
El cambio es sustancial. Con mayoría simple, un gobierno que llegue con votos suficientes puede avanzar sobre las empresas públicas con una sesión ordinaria. Con dos tercios, necesita construir consensos que trascienden a su propio bloque. En términos concretos, eso hace más difícil —aunque no imposible— cualquier proceso de privatización o transferencia de control.
El Estado controla en la provincia Aguas Bonaerenses SA, AUBASA —que tiene a su cargo rutas y autopistas— y Bagsa, que gestiona redes de gas natural en pequeñas localidades. Las tres son servicios esenciales con impacto directo en la vida cotidiana de los bonaerenses: el agua, las rutas y el gas en municipios donde no llega la red nacional.
Los argumentos de Alvado
«Permitir cambios frecuentes e impulsivos en la producción y prestación de estas empresas socava la calidad y accesibilidad de los mismos, además de minar la confianza en las capacidades del Estado provincial. La estabilidad en la gestión y producción es fundamental para planificar inversiones a largo plazo, mejorar la infraestructura y garantizar la continuidad del acceso equitativo», señaló la diputada en los fundamentos del proyecto.
La mención a YPF como modelo de gestión mixta con supervisión estatal no es casual: es el ejemplo que el kirchnerismo usa sistemáticamente para defender la presencia del Estado en empresas estratégicas, con el antecedente de la expropiación de 2012 como referencia.
La votación que reveló una alianza inesperada
El dictamen favorable en comisión tuvo una composición que vale detenerse a leer. El proyecto consiguió el respaldo de los diputados de Unión por la Patria —kirchneristas, axelistas y massistas— y tuvo además el respaldo de los bloques aliados del oficialismo: Nuevos Aires y Unión y Libertad. También acompañaron el radicalismo y el bloque Hechos de los hermanos Passaglia. En tanto, los tres votos negativos los aportaron los representantes de La Libertad Avanza y PRO, quienes emitieron en conjunto un dictamen de minoría.
La presencia del radicalismo y del bloque Passaglia —que esta semana rechazó sumarse a la coalición LLA-PRO— en el mismo casillero que el peronismo es el dato que más llama la atención. Ambos espacios se oponen a la privatización de servicios esenciales con más convicción que a otras iniciativas del oficialismo provincial. El proyecto de Alvado encontró ese punto de coincidencia.
La lectura política que está detrás
Lo curioso del proyecto es que el peronismo parece buscar una actualización de la normativa ante un eventual desembarco de los libertarios en la provincia el año próximo.
La lógica es la misma que usó el kirchnerismo nacional cuando, antes de dejar el poder en 2015, reforzó las protecciones sobre YPF y otras empresas. Blindar las empresas públicas con una mayoría especial es, en esencia, dejar un candado legislativo para el gobierno que venga. Si LLA llega a la gobernación en 2027 con Santilli o Pareja, necesitará convencer a dos tercios de la Legislatura para cualquier movimiento sobre Aguas Bonaerenses, AUBASA o Bagsa.
Las tres empresas en juego tienen presencia directa en La Plata y Gran La Plata: AUBASA gestiona las principales autopistas de acceso y AGBA provee el agua en decenas de municipios del conurbano y el interior. Que el acceso a esos servicios requiera una mayoría calificada para cualquier cambio de control es una protección concreta para los usuarios.
