El Gobierno nacional prepara el Presupuesto 2027 y en el Congreso crece la preocupación por una nueva profundización del ajuste. Las provincias aparecen entre los sectores más afectados desde el comienzo de la gestión libertaria y Buenos Aires mantiene un reclamo multimillonario contra Nación por fondos que dejaron de llegar.
El Presupuesto 2027 comienza a convertirse en una nueva pulseada entre Javier Milei, el Congreso y los gobernadores. Mientras el Gobierno nacional ultima el proyecto que enviará a Diputados, sectores de la oposición advierten sobre la posibilidad de que el Ejecutivo profundice el ajuste sobre algunas de las partidas más sensibles.
La preocupación no aparece en el vacío. Los números acumulados desde diciembre de 2023 muestran que las provincias y la obra pública quedaron entre los principales destinatarios de la motosierra.
Según un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), el gasto primario de la Administración Pública Nacional registró hasta agosto una caída real acumulada del 32% respecto del mismo período de 2023.
Sin embargo, el ajuste estuvo lejos de distribuirse de manera uniforme.
Provincias y obra pública, en el centro del recorte
Las transferencias corrientes a las provincias encabezan el ranking del ajuste nacional. En términos reales, registraron una caída del 86,6% frente a 2023.
Inmediatamente después aparece uno de los rubros con mayor impacto territorial: la inversión en bienes de uso, donde se encuentra incluida buena parte de la obra pública nacional.
En este caso, la reducción real alcanzó el 83,6%.
También sufrieron fuertes recortes las transferencias a empresas públicas y fondos fiduciarios, con una baja del 62,1%, mientras que otras transferencias al sector privado —donde se encuentran subsidios económicos como energía y transporte— retrocedieron 59,3%.
Los números permiten dimensionar dónde se concentró el esfuerzo fiscal aplicado por la administración libertaria.
De hecho, las transferencias a empresas públicas y fondos fiduciarios explican el 23,6% de toda la reducción del gasto primario. Luego aparecen los subsidios al sector privado, con el 14,9%; las ayudas sociales, con el 14,4%; y las transferencias a las provincias, con otro 13%.
El gasto público podría perder 14 puntos del PBI en tres años
El ajuste también adquiere otra dimensión cuando se observa su peso sobre la economía.
Si se mantiene la trayectoria actual, el gasto de la Administración Pública Nacional terminaría 2026 alrededor del 12,4% del Producto Bruto Interno.
Eso representaría una reducción de 5,4 puntos del PBI respecto de 2023 solamente en el gasto de la APN.
En una medición más amplia del gasto público consolidado, las estimaciones apuntan a una reducción cercana a 14 puntos porcentuales del PBI durante los primeros tres años de la administración Milei.
Con ese antecedente llegará ahora el Presupuesto 2027.
Y allí aparece la preocupación de gobernadores y bloques opositores: determinar si el Gobierno considera que el grueso del ajuste ya fue realizado o si buscará una nueva reducción de las partidas durante el próximo año.
El Presupuesto 2027 abre una nueva pelea en el Congreso
El Poder Ejecutivo debe enviar el proyecto de Presupuesto al Congreso en medio de un escenario político distinto al de los primeros años de la gestión libertaria.
La oposición observa especialmente qué ocurrirá con las partidas destinadas a provincias, universidades, obra pública, jubilaciones y políticas sociales.
El antecedente inmediato también genera inquietud.
Sólo en agosto, el gasto primario nacional cayó 10,2% interanual en términos reales. Las transferencias corrientes a provincias se derrumbaron 86,1% durante ese mes y acumularon una contracción del 64,6% en los primeros ocho meses de 2026.
Las universidades tampoco quedaron al margen. Entre enero y agosto recibieron transferencias que, descontada la inflación, resultaron 12,7% inferiores a las del mismo período del año anterior.
En paralelo, las remuneraciones del sector público acumularon una baja real del 4,2%.
El dato que se movió en dirección contraria fueron los intereses de deuda: durante agosto aumentaron 60,5% interanual en términos reales.
Buenos Aires y una pelea multimillonaria con Nación
Para la provincia de Buenos Aires, la discusión presupuestaria tiene un componente adicional.
La administración de Axel Kicillof mantiene numerosos reclamos contra el Gobierno nacional por recursos que, según sostiene la Provincia, dejaron de transferirse desde la llegada de Milei a la Casa Rosada.
La disputa incluye fondos vinculados con seguridad, educación, transporte, cajas previsionales y obras públicas.
Además, varios de esos reclamos terminaron judicializados.
Durante los últimos meses, Kicillof llevó personalmente parte de la discusión hasta la Corte Suprema de Justicia, donde la Provincia reclama la restitución de transferencias y compensaciones previsionales.
La administración bonaerense sostiene que la magnitud acumulada de los recursos adeudados representa una porción extraordinaria de su presupuesto anual.
El conflicto excede así una discusión contable. Para el Gobierno provincial, esos recursos deberían financiar servicios y políticas que Nación dejó de sostener pero que, en muchos casos, las provincias tuvieron que absorber.
El ajuste nacional también trasladó gastos a las provincias
Ese es uno de los puntos centrales de la disputa entre Kicillof y Milei.
La reducción del gasto nacional no implica necesariamente que desaparezcan las necesidades que esas partidas financiaban.
Cuando Nación deja de ejecutar una obra, reduce subsidios o elimina una transferencia, parte de la presión puede trasladarse hacia las provincias y municipios.
Buenos Aires viene utilizando ese argumento para cuestionar el resultado fiscal presentado por la Casa Rosada.
Desde la administración bonaerense sostienen que una parte del superávit nacional fue conseguida mediante la interrupción de obligaciones y transferencias hacia las jurisdicciones provinciales.
La Casa Rosada, en cambio, defiende el equilibrio fiscal como uno de los pilares centrales de su programa económico y considera que la reducción del tamaño del Estado permitió estabilizar las cuentas públicas.
Qué puede pasar con Buenos Aires en el Presupuesto 2027
Por eso, la presentación del Presupuesto 2027 será especialmente seguida desde La Plata.
No se tratará solamente de observar las variables macroeconómicas que proyecte el Gobierno. También habrá que mirar cuánto dinero contempla para infraestructura, educación, transporte y transferencias a las provincias.
Buenos Aires tiene un peso particular en esa discusión por su población, su estructura productiva y la magnitud de los servicios públicos que administra.
Además, la Provincia llega al debate después de casi tres años de enfrentamiento con la administración libertaria por el reparto de recursos.
Los números del ajuste muestran que las transferencias provinciales y la obra pública estuvieron entre las partidas que más perdieron desde 2023.
Ahora el interrogante pasa por saber si el Presupuesto 2027 marcará un piso para esa reducción o abrirá una nueva etapa de la motosierra.
Para Buenos Aires, la diferencia no será menor. En medio de una disputa multimillonaria por fondos que Kicillof considera adeudados, cada partida que aparezca —o desaparezca— del proyecto nacional volverá a alimentar una pelea que ya salió de los despachos políticos y llegó hasta la Corte Suprema.
