La defensa de Cristina Kirchner anunció ayer que encontró nueva evidencia que, sostiene, demuestra la injusticia de la condena en la causa Vialidad. Un peritaje técnico reveló que las empresas de Lázaro Báez recibieron apenas el 0,85% de los fondos de Vialidad Nacional, mientras que una empresa vinculada a la familia Macri captó 51 veces más.
Con esa prueba, los abogados irán a Casación a pedir la revisión del fallo y la suspensión cautelar de la inhabilitación. En paralelo, el kirchnerismo espera un pronunciamiento de la ONU antes del 17 de octubre para lanzar la candidatura presidencial de la expresidenta.
La prueba surgida donde nadie esperaba, y que sacude la causa Vialidad
La defensa encontró la evidencia que buscaba en el lugar más impensado: la causa Cuadernos. El 6 de agosto, un técnico de la Dirección Nacional de Vialidad declaró en ese juicio oral a pedido de la propia fiscal Fabiana León. El funcionario presentó una planilla con el detalle de los fondos del fideicomiso SisVial distribuidos entre 2009 y 2015. También expuso cómo se repartieron esos recursos entre las empresas de obra pública.
«A veces las pruebas aparecen donde menos se esperan», dijo el abogado Carlos Beraldi en conferencia de prensa. Lo acompañaron el español Javier Borrego y el brasileño Rafael Valim. Además, la defensa encargó a la consultora brasileña Specs un análisis técnico-financiero del archivo.
El dato clave: Báez recibió 51 veces menos que la empresa de Macri
Los resultados fueron contundentes. El Grupo Austral, de Lázaro Báez, recibió apenas el 0,85% de los fondos. Por otro lado, IECSA —empresa de Ángelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri— concentró el 16,36% de los recursos. Eso equivale a 51 veces más que lo asignado a Báez. También figuran JCR y el Grupo Roggio entre los principales beneficiados.
El tribunal que condenó a CFK sostuvo que el decreto 54/2009 sirvió para beneficiar a las empresas de Báez. En ese marco, la defensa argumenta que la pericia demuestra exactamente lo contrario. «Se creó una mentira para condenar a Cristina», afirmó Valim.
La estrategia: recurso de revisión y medida cautelar en Casación
Con esa prueba, la defensa se presentará ante la Cámara Federal de Casación Penal para solicitar un recurso de revisión. Asimismo, pedirán la suspensión de la ejecución de la condena como medida cautelar. En ese tribunal no podrán intervenir Hornos, Carbajo, Borinsky y Barroetaveña, quienes ya fallaron en la causa.
Según explicó Beraldi, la nueva evidencia habilita este camino independientemente de lo que resuelva la ONU. Sin embargo, el equipo también espera la resolución del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Esa decisión se conocería en la reunión prevista entre el 19 de octubre y el 6 de noviembre. «Estamos en condiciones temporales de obtener estos objetivos», afirmó el letrado ante la consulta de Diagonales.
El 17 de octubre como horizonte político
En paralelo al avance judicial, el kirchnerismo trabaja la agenda política. El movimiento espera un pronunciamiento favorable de la ONU antes del 17 de octubre, el Día de la Lealtad Peronista. Para esa fecha ya está organizado un acto. Si el organismo emite una señal positiva, ese evento podría transformarse en el lanzamiento de la candidatura presidencial de Cristina.
Desde los tribunales argentinos, sin embargo, advierten que la ONU no tiene validez legal en el derecho interno. También sostienen que la Corte Suprema tiene doctrina consolidada que niega una cuarta instancia internacional sobre fallos locales. De este modo, el kirchnerismo combina la estrategia judicial con un movimiento político de cara a 2027 y con presión directa sobre el armado que conduce Axel Kicillof.
