El Ministerio de Comunicación Pública bonaerense, que conduce Jésica Rey, abrió una licitación por $2.278.171.592,43 para producción y distribución audiovisual del Ejecutivo, con vigencia de seis meses prorrogables por otros seis. El monto equivale a más de $379 millones mensuales.
El llamado se da en un contexto de ajuste presupuestario que el propio gobierno de Axel Kicillof atribuye al recorte de transferencias nacionales: se redujo o suspendió el refuerzo alimentario escolar, el sistema de salud e IOMA operan bajo presión, intendentes de distintos espacios reclaman más recursos contra el delito, y cientos de obras públicas quedaron paradas.
Qué incluye el pliego
El Proceso de Compra PBAC N°401-0405-LPU26 tiene como objeto un servicio integral de producción y distribución satelital de contenidos audiovisuales, destinado a la Subsecretaría de Producción y Contenidos y a la Subsecretaría de Planificación de Comunicación Gubernamental.
Entre los 30 renglones que integran el pliego figuran seis servicios de distribución satelital, seis sets de conferencia en La Plata, preproducción a distancias de 100, 450 y 1.000 kilómetros, unidades móviles de seguimiento, drones, Jimmy Jib, equipos ENG y 4G, 60 cámaras de seguimiento, 40 servicios de lengua de señas y seis meses de estudio de producción, grabación y emisión en vivo.
El oferente debe acreditar capacidad satelital en banda Ku, autorizaciones de las leyes 26.522 y 27.078, inventario propio y al menos dos años de trayectoria en el rubro.
Una sola oferta: La Corte S.A.
La apertura de ofertas fue el 25 de junio de 2026 y quedó una sola oferta válida: La Corte S.A., que cotizó $1.995,9 millones, por debajo del presupuesto oficial. La empresa, con sede en Chacarita, fue constituida en 1994 y es presentada por sus propios perfiles como productora de los hermanos Pablo y Daniel Monzoncillo.
La firma tiene más de tres décadas en el rubro audiovisual y un historial extenso de contratos con el Estado: produjo y transmitió Fútbol para Todos, trabajó en contenidos de Pakapaka, cubrió actos de gobiernos nacionales y provinciales, y opera o alquila señal para canales como LN+, TNT Sports y CNN. El Ministerio de Comunicación Pública bonaerense ya le había adjudicado órdenes de compra similares desde 2020, y en la rendición de pauta 2024 que observó el Tribunal de Cuentas figuró entre los diez principales beneficiarios, con $667,6 millones.
Un servicio que excede el territorio bonaerense
Uno de los puntos que generó atención es que varios renglones del pliego —preproducción, unidades móviles, drones, ENG y 4G— se cotizan en tramos de hasta 1.000 kilómetros. La provincia de Buenos Aires mide unos 892 kilómetros de norte a sur, por lo que ese radio de cobertura excede sus propios límites territoriales.
El pedido de informes de La Libertad Avanza
Diputados y senadores de La Libertad Avanza presentaron pedidos de informes en ambas cámaras legislativas para conocer el destino de las partidas, qué medios recibirían la señal, qué contenido se produciría y qué mecanismos de control existen para evitar que los fondos se usen en promoción partidaria.
El presidente de LLA bonaerense, Sebastián Pareja, cuestionó públicamente la licitación y sostuvo que en seis meses se destinarían más de $2.278 millones a lo que calificó como «un canal de propaganda propio». Los pedidos de informes también preguntan si habrá auditoría externa y si lo institucional se separará de la promoción de funcionarios.
La sospecha sobre el streaming provincial
El planteo de la oposición se vincula con ViBra Bonaerense, la señal de streaming del gobierno provincial que salió al aire en marzo de 2025 y dejó de emitir a fines de febrero de este año, tras acumular entre 8.700 y 8.800 suscriptores en YouTube. Según reconstruyó La Tecla, la oposición interpreta esta nueva licitación como una posible vía para reactivar esa plataforma, aunque el texto del pliego no lo confirma ni lo descarta.
Esta licitación se conoce en simultáneo con otros frentes que InfoPlatense viene siguiendo dentro de la administración bonaerense: el conflicto salarial de los trabajadores de organismos de control, la reapertura de la paritaria docente y el reclamo del FUDB por IOMA e infraestructura escolar. El contraste entre las distintas partidas del presupuesto provincial seguirá siendo, previsiblemente, terreno de disputa política en las próximas semanas.
