La Cámara de Diputados bonaerense archivó en secreto los expedientes administrativos abiertos tras el escándalo que protagonizó Julio «Chocolate» Rigau, y no revelará a la Justicia quiénes fueron los legisladores que designaron a los «ñoquis» cuyas tarjetas utilizó el puntero para cobrar sus salarios en cajeros del Banco Provincia.
La decisión se aprobó en mayo pasado, en un trámite exprés que solo trascendió esta semana. Con el archivo de los expedientes, los legisladores buscaron sepultar el requerimiento que la fiscal Betina Lacki había presentado en abril de 2025, y que había llevado al juez de Garantías Guillermo Federico Atencio a emitir una orden de presentación —el paso previo a un allanamiento— para exigir la entrega de la documentación.
La respuesta oficial: «No entregarán los documentos»
La respuesta desde la Legislatura fue negativa. Con la firma del secretario legislativo de la Cámara de Diputados provincial, Gerardo Bozzano, se indicó que no entregarán los documentos solicitados por la Justicia porque integran un proyecto de resolución general que fue archivado.
«En esa oportunidad, el Honorable Cuerpo resolvió, con el voto favorable de más de los dos tercios de sus miembros presentes, aprobar lo allí actuado, y disponer el archivo de las actuaciones, expresando de ese modo su voluntad institucional sobre la cuestión», indicó la Legislatura en la respuesta que le envió a la Fiscalía.
Una votación exprés sin registro de quiénes votaron
La votación que dispuso el archivo fue el 28 de mayo pasado, cuando el jefe del bloque de Unión por la Patria, Facundo Tignanelli, propuso «ratificar lo actuado por la mesa ejecutiva» de la Cámara. En un único procedimiento sobre tablas, sin debate y sin dejar asentado quiénes votaron, resolvieron casi 8.000 resoluciones administrativas, entre ellas el archivo del material que requería la fiscal Lacki.
Durante esa sesión ordinaria, representantes de todas las fuerzas políticas se encontraban en el recinto —Unión por la Patria, La Libertad Avanza, el PRO, la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica—, pero solo un diputado provincial se opuso a la maniobra: el legislador del Frente de Izquierda, Cristian Castillo.
El origen del escándalo
El caso comenzó el 13 de septiembre de 2023, cuando «Chocolate» Rigau fue detenido mientras extraía dinero con 48 tarjetas de débito ajenas de un cajero automático de Banco Provincia. Se determinó que trabajaba para el subdirector de Personal de la Legislatura bonaerense, Claudio Albini, un eslabón clave en el engranaje de poder de la política provincial.
Para la fiscal, Claudio Albini, su hijo Facundo y Rigau deben ser condenados por integrar una asociación ilícita destinada a defraudar al Estado bonaerense. Los tres cumplen actualmente arresto domiciliario y mantendrían ese régimen aun en caso de ser condenados a una pena de cumplimiento efectivo.
Un patrón que se repite en la Legislatura
La renuencia de los diputados bonaerenses a colaborar con la Justicia no resulta novedosa. También alcanza al Senado provincial, que jamás trató —ni siquiera para su rechazo— el pedido de desafuero de la entonces senadora Flavia Delmonte, acusada de desviar dinero de las arcas públicas a través de «ñoquis» que figuraban como sus asesores.
