La obra social del Estado provincial acumula una cadena de deudas impagas que ya derivó en embargos judiciales, protestas de prestadores y municipios que financian con sus propios recursos servicios que debería cubrir IOMA. El cuadro describe un sistema en quiebre.
Municipios que van a la Justicia para cobrar lo que es suyo
El caso más reciente lo protagoniza 25 de Mayo. Su intendente, Ramiro Egüen, reveló que el municipio mantiene una deuda a cobrar de unos $800 millones con la obra social provincial. Los incumplimientos se remontan a febrero de 2024. Además, alcanzan tanto al sistema sanitario municipal como a clínicas y otros prestadores privados.
El expediente judicial recorrió el Juzgado de Paz, la Justicia Civil, el fuero Contencioso Administrativo y sus cámaras. Finalmente llegó a la Suprema Corte bonaerense, que habilitó el avance del proceso. La deuda inicial judicializada era de $140 millones. Con intereses, ya asciende a $260 millones. El resto, cerca de $600 millones más, también fue judicializado.
«Lo que generamos fue una estrategia en la persecución del cobro de lo que es nuestro», afirmó Egüen. Sin embargo, el jefe comunal advirtió que el conflicto tiene un costo adicional: obliga al municipio a financiar con recursos propios servicios que IOMA debería pagar. «Nosotros no necesitamos infraestructura nueva. Necesitamos que nos paguen lo que es nuestro», resumió.
El mecanismo que ahorca a los municipios
La denuncia de Egüen expone además un problema estructural del financiamiento provincial. Los municipios reciben su coparticipación con descuentos automáticos para IOMA e IPS. Sin embargo, IOMA no paga las prestaciones que esos fondos deberían garantizar.
«En vez de decir ‘te debo $800 millones, te dejamos de descontar por lo menos hasta que te pongas al día’, no solamente no te pagan, sino que te siguen descontando», cuestionó el intendente. También señaló una deuda del IPS por 40 anticipos jubilatorios que llevan más de tres años pendientes, mientras el municipio continúa pagando parte de esos salarios.
En paralelo, el deterioro económico aumenta la demanda sobre el sistema municipal. Sectores de la población abandonan obras sociales privadas y se vuelcan hacia los efectores públicos locales. Así, el municipio sostiene una mayor carga sanitaria sin financiamiento adicional.
Prestadores en conflicto: de los médicos a los psicólogos
El problema no es exclusivo de 25 de Mayo. En los últimos meses, IOMA acumuló conflictos con distintos sectores de la salud en toda la provincia. Los psicólogos bonaerenses pararon en medio de una tensión con los médicos por las condiciones de pago. Por su parte, los acompañantes terapéuticos y los cuidadores domiciliarios protestaron por los atrasos en sus honorarios.
También se registraron protestas de afiliados en Mar del Plata frente al Consejo de Salud. Además, la Asociación de Médicos de La Plata (AMP) protagonizó un conflicto grave con la conducción de IOMA que derivó en acusaciones cruzadas. La obra social llegó a desmentir a los médicos platenses, aunque luego reconoció parte de la deuda que mantenía con el Hospital Garrahan.
La oposición en la Legislatura y el bloqueo oficialista
En la Legislatura bonaerense, la crisis de IOMA también generó rispideces. La oposición intentó convocar una sesión especial para tratar proyectos de reforma y auditoría. Sin embargo, el oficialismo logró postergarla. Posteriormente, la oposición tampoco pudo avanzar con esos proyectos en Diputados.
Legisladores de La Libertad Avanza presentaron un pedido formal de acceso a la información pública sobre el estado de la obra social. También impulsaron la creación de una comisión bicameral para auditar su manejo. Hasta el momento, ninguna de las iniciativas prosperó.
Kreplak culpó a los municipios; los intendentes respondieron
El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, atribuyó parte de las dificultades financieras de IOMA a los aumentos salariales otorgados por los municipios, a los que calificó como concedidos «en negro». La respuesta no tardó.
«Cuando el ministro Kreplak dice que la culpa la tenemos los municipios que damos los aumentos en negro, me parece una descargada», respondió Egüen. Según detalló, desde diciembre de 2023 su administración otorgó más de 320% de aumento sobre el salario básico, siempre de forma registrada y transparente.
Por su parte, Kreplak también salió a defenderse de las críticas del Gobierno nacional. «El Gobierno nacional ataca al IOMA porque no tiene respuestas serias para la salud», afirmó el ministro en otra oportunidad. En tanto, la discusión sobre los responsables de la crisis sigue abierta, mientras los afiliados esperan soluciones concretas.
Una conducción cuestionada y un gobernador en campaña
Egüen también apuntó contra la estructura de conducción de la obra social. «Se sigue sumando gente a los directorios, ¿para qué? Para cobrar sueldo y no resuelven nada», cuestionó. Además, reclamó que la Legislatura actúe con firmeza y exigió que los funcionarios responsables «concurran a dar explicaciones y presenten un esquema de soluciones».
La crítica más política llegó al final. «Cuando vemos un gobernador que en vez de ocuparse de estas cosas está en campaña para ser presidente: no pudiste arreglar las cosas que hoy tenés a tu cargo y estás aspirando a otro cargo», lanzó el intendente de 25 de Mayo en referencia a Axel Kicillof.
El fallo obtenido en la Justicia podría convertirse en un antecedente para otros municipios que enfrentan reclamos similares. Por ahora, sin embargo, la crisis de IOMA no muestra señales de resolución. Los prestadores esperan cobrar, los afiliados esperan atención y los municipios esperan que alguien en la Provincia asuma la responsabilidad.
