Golpes, amenazas y una ciudad dividida en la puerta del Palacio Municipal. Detrás de la disputa por la legalidad de las aplicaciones asoma un problema más profundo: miles de platenses que no encuentran otra salida laboral y terminan endeudándose $400.000 semanales para poder trabajar.
Lo que empezó como una discusión sobre normativa terminó a las trompadas. Este viernes, frente al Palacio Municipal de La Plata, un taxista que detuvo su auto para discutir con un grupo de choferes de aplicaciones recibió un cachetazo en plena manifestación. La Policía tuvo que intervenir para separar a las partes. No fue un hecho aislado: fue el último capítulo de una semana entera de tensión creciente entre dos sectores que, en el fondo, están peleando por lo mismo: la posibilidad de llevar un ingreso a su casa en una ciudad donde cada vez cuesta más conseguirlo.
Una semana de escalada
Todo se aceleró el miércoles, cuando los taxistas platenses se declararon en alerta y movilización y realizaron una caravana por distintos puntos de la ciudad —la Estación de Trenes, la Terminal de micros, la esquina de 7 y 50— bajo la consigna «Basta de transporte ilegal en La Plata». La Municipalidad los recibió y se comprometió a endurecer los controles.
La respuesta llegó rápido: el jueves, la Comuna intensificó los operativos contra Uber, DiDi y Cabify y secuestró más de 20 vehículos que trabajaban con esas aplicaciones. Ese mismo día, los conductores de plataformas —agrupados en ACCAURA— pidieron una reunión urgente con el intendente Julio Alak y anunciaron su propia movilización para el viernes.
La marcha terminó frente al Palacio Municipal, con el episodio del cachetazo de por medio. Tras una reunión con el secretario de Gobierno Guillermo Cara, el director de Transporte Julio Cuenca y el presidente de la Comisión de Transporte del Concejo Deliberante, Juan Granillo Fernández, los manifestantes se retiraron con la promesa de una mesa de diálogo dentro de los próximos diez días. La fecha, por ahora, no está definida.
Los reclamos cruzados: legalidad versus necesidad
Los taxistas exigen que se aplique la normativa vigente, que considera ilegal la actividad de las aplicaciones en La Plata, y denuncian competencia desleal frente a un sector que no paga habilitaciones, seguros comerciales ni impuestos municipales. «Es momento de defender el trabajo legal, el que cumple con habilitaciones, seguros, controles técnicos y paga impuestos en nuestra ciudad», plantearon en su comunicado.
Los choferes de aplicaciones, en cambio, reclaman que el Municipio abra una instancia de regulación en lugar de perseguirlos con operativos. Consideran que los secuestros no resuelven nada y piden reglas claras para poder trabajar sin el riesgo permanente de perder el vehículo. Ninguno de los dos sectores está dispuesto a ceder: los taxistas se oponen rotundamente a cualquier esquema que legitime a las plataformas, y los choferes de apps sostienen que los controles no son la solución.
El negocio que creció detrás de la necesidad: pagar $400.000 por semana para poder trabajar
Lo que la discusión sobre legalidad no siempre deja ver es el fenómeno económico que explica, en parte, por qué cada vez hay más gente manejando para aplicaciones en La Plata: ya no hace falta tener auto propio para hacerlo. Empresas como deRentas, que no tiene sede en la ciudad pero envía sus vehículos desde el AMBA, alquilan autos a quienes quieren empezar a trabajar y no cuentan con una unidad.
Los valores no son menores: desde $280.000 semanales para modelos a nafta como el Peugeot 208, y desde $400.000 semanales para unidades a GNC como el Volkswagen Polo o el Chevrolet Onix. Haciendo cuentas, eso significa arrancar cada mes debiendo entre $1.120.000 y $1.600.000, antes de cargar combustible o cubrir cualquier otro gasto. «Estamos hablando de monstruos que reciben inversiones muy grandes. Como no hay norma, cualquiera hace lo que quiere», cuestionó Pablo León, presidente de la Agrupación de Choferes de Aplicaciones Unidos de la República Argentina (Acaura), en diálogo con 0221.
El esquema también ofrece la opción de alquiler con compra a treinta y seis meses, pero con un costo semanal más alto —entre $460.000 y $480.000— y un riesgo concreto: si el contrato se interrumpe antes de tiempo, por ejemplo porque la aplicación bloquea al chofer, la persona puede perder todo lo pagado y quedarse sin el auto y sin la posibilidad de trabajar.
Un dato que resume el fondo del problema
Que miles de personas estén dispuestas a asumir una deuda semanal de $400.000 —sin garantía de ganancia si baja la demanda o se rompe el vehículo— para poder salir a trabajar dice más sobre el mercado laboral platense que sobre cualquier discusión normativa. En una ciudad donde el empleo formal no alcanza para todos y las changas se volvieron la principal alternativa de ingreso para buena parte de la población, manejar un Uber alquilado —aunque implique entregar la primera semana entera de trabajo solo para pagar el alquiler del auto— se convirtió en una puerta de entrada al mercado laboral que muchos no encuentran en otro lado.
Los taxistas, del otro lado del mostrador, no están en mejor posición: son trabajadores que invirtieron años en una licencia, una unidad propia y el cumplimiento de una normativa municipal, y ven cómo ese esfuerzo pierde valor frente a un sector que opera sin esas mismas cargas. La tensión que estalló esta semana frente al Palacio Municipal no es, en el fondo, una guerra entre buenos y malos: es la consecuencia visible de una ciudad —y un país— donde cada vez hay menos trabajo formal y más gente dispuesta a asumir cualquier riesgo con tal de generar un ingreso.
Con la mesa de diálogo prometida por el Municipio todavía sin fecha, y con ambos sectores manteniendo posiciones irreconciliables, el conflicto entre taxistas y choferes de aplicaciones en La Plata parece destinado a seguir escalando. La pregunta de fondo —qué hace el Estado, municipal y provincial, frente a un mercado laboral que empuja a miles de personas a asumir deudas de $400.000 semanales solo para poder trabajar— sigue sin respuesta.
