El ajuste nacional pulverizó la inversión en infraestructura a su piso histórico desde 2001. En paralelo, destruyó más de 60.000 puestos de trabajo registrados en un año. Mientras el mercado de licitaciones federales se evaporaba, algunas constructoras bonaerenses encontraron la salida en los municipios. Un referente del sector platense lo cuenta desde adentro.
Los números del derrumbe
Según el INDEC, el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) se desplomó un 27,4% a lo largo de 2024. Fue el peor año del sector en más de dos décadas. La inversión nacional en infraestructura retrocedió además un 75% en términos reales, su piso histórico desde la crisis de la convertibilidad.
El costo humano fue proporcional. El sector destruyó más de 60.000 puestos de trabajo registrados en doce meses.
Para las empresas constructoras de la región bonaerense, ese escenario no fue una estadística sino una realidad cotidiana. Obras frenadas sin aviso, licitaciones nacionales suspendidas, Vialidad Nacional operando a mínima expresión. El mercado que había sostenido al sector durante años simplemente dejó de existir.
El diagnóstico desde adentro
Facundo Dadín conoce esos números de cerca. Es presidente de una constructora platense especializada en obra pública vial, hidráulica y sanitaria. Desde hace casi una década conduce una empresa que atravesó el ciclo completo: el derrumbe y la reconversión.
«La decisión nacional tiene una lógica macroeconómica que uno puede entender —dice—, pero el efecto concreto en el territorio es que se frenaron obras que eran necesarias para la gente. Esas calles siguen sin estar. Esas redes de agua siguen sin estar. El ajuste no detiene la necesidad.»
Para este referente del sector, la crisis reveló una brecha estructural que el rubro conocía pero que el auge de la obra pública nacional había ocultado durante años. Es la diferencia radical entre la lógica del Estado nacional y la de los gobiernos locales.
«Lo que se vio con claridad en estos dos años es que el Estado nacional y los municipios son dos mundos distintos —explica—. Los intendentes tienen un mandato muy concreto: responder a sus vecinos. Y muchos decidieron seguir invirtiendo aunque la plata de Nación no llegara, porque no podían darle la espalda a sus comunidades.»
La obra pública bonaerense que resistió: el rol de los municipios
Esa diferencia de lógicas fue la que algunas empresas aprendieron a capitalizar. Mientras el mercado nacional se contraía, los municipios bonaerenses sostenían una demanda real y continua: pavimentación de calles, redes de agua y cloaca, iluminación pública, espacios comunitarios.
La Provincia de Buenos Aires acompañó esa tendencia con política activa. En 2025 ejecutó más de $1,1 billones en obra pública, un 50% más que el año anterior. El gobernador Kicillof lanzó además el programa «Municipios a la Obra», con líneas de financiamiento específicas para que los distritos no frenaran su inversión local frente al retroceso nacional.
En ese mapa, municipios del Gran La Plata como Berisso y Ensenada mantuvieron su actividad en infraestructura local. Apostaron a la obra como herramienta de gestión y desarrollo territorial, incluso en el contexto más adverso del sector a nivel nacional.
«El empresario que en 2024 esperó a que volviera la obra nacional probablemente perdió tiempo que no va a recuperar —reflexiona Dadín—. Nosotros nos reconvertimos. Pusimos el foco donde la demanda era real y la decisión política de ejecutar estaba firme. Y eso fueron los municipios.»
La reconversión y el modelo para los próximos años
Sol Vial SA reorientó su cartera hacia los gobiernos locales bonaerenses. Hoy tiene presencia activa en el interior de la provincia: en el municipio de Saladillo ejecuta obras de infraestructura vial que el propio intendente local destacó como parte del plan de mejora urbana del distrito.
Es el tipo de vínculo que Dadín describe como el modelo para los próximos años: constructoras regionales con capacidad técnica propia, en alianza estable con municipios que tienen voluntad de obra. La empresa dispone de flota propia —excavadoras, motoniveladoras, compactadoras, camiones volcadores— y taller mecánico en Gorina. Esa capacidad instalada fue determinante para sostener la reconversión cuando los márgenes no admitían ineficiencias.
Para Dadín, el cambio no es coyuntural. «Los intendentes conocen las necesidades reales de sus distritos y tienen voluntad concreta de ejecutar —dice—. Las decisiones nacionales dependen de variables que las empresas no pueden anticipar ni controlar. El municipio es más previsible, más cercano y, en muchos casos, más ágil.»
En esa lectura, el Gran La Plata —con Berisso, Ensenada y La Plata como núcleo— representa un territorio con demanda real de infraestructura y una historia de inversión local que el ajuste nacional no logró desactivar. Para las constructoras regionales que leyeron a tiempo el nuevo mapa, ese territorio es hoy el mercado más concreto que tienen.
