El gobernador Axel Kicillof recibió al Colegio de Martilleros bonaerense para avanzar en una doble agenda. Una herramienta ya está vigente y busca eliminar retenciones indebidas a las inmobiliarias. La otra es un proyecto que apunta a reducir los gastos de ingreso para inquilinos de alquileres de menor valor.
La reunión y lo que se trató
El Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia de Buenos Aires se reunió con Kicillof para presentar dos iniciativas concretas sobre el mercado inmobiliario bonaerense. Por un lado, el proyecto de Alquiler Social, orientado a bajar los costos que enfrentan los inquilinos al firmar un contrato. Por otro lado, la Cuenta Recaudadora, una herramienta desarrollada en conjunto por ARBA, Banco Provincia y el propio Colegio, que ya está en funcionamiento.
Del encuentro participaron el presidente del Colegio, Luis Colao; el vicepresidente, Alfredo Lavalle; el secretario de Relaciones Institucionales, José María Sacco; y el director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard. Además, los martilleros presentaron el programa de Estadísticas Inmobiliarias, desarrollado junto con la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (UNNOBA).
La Cuenta Recaudadora: ya rige para las inmobiliarias
La Cuenta Recaudadora resuelve un problema fiscal concreto del sector. Cuando una inmobiliaria cobra un alquiler en nombre de un propietario, ese dinero no le pertenece. Sin embargo, la acreditación en la cuenta bancaria podía generar retenciones impositivas, como si fuera un ingreso propio de la agencia.
ARBA dispuso que las cuentas especiales habilitadas para administrar esos fondos de terceros queden excluidas del régimen de recaudación sobre acreditaciones. Así, la medida evita la acumulación de saldos a favor y la inmovilización de recursos que en realidad pertenecen a los clientes. Además, canaliza esas operaciones a través del sistema bancario formal.
La exclusión no implica una eliminación general de impuestos para las inmobiliarias. Por eso, aplica únicamente a las cuentas habilitadas para fondos de terceros. Para acceder, las agencias deben cumplir requisitos establecidos por ARBA y solicitar la autorización correspondiente.
Alquiler Social: qué propone el proyecto aún sin fecha legislativa
El Régimen de Alquiler Social todavía es un proyecto y todavía necesita pasar por la Legislatura. Su objetivo no es subsidiar el alquiler mensual, sino reducir los gastos que se acumulan al momento de ingresar a una vivienda.
El límite propuesto contempla contratos cuyo alquiler mensual inicial no supere el sueldo básico de la Categoría 20/48 horas de la administración pública provincial. A agosto de 2026, ese valor equivale a $388.050 mensuales. Por tanto, el régimen apuntaría a los segmentos de menor valor locativo del mercado.
Para esos contratos, la propuesta plantea que los honorarios de martilleros y corredores los abone el propietario, no el inquilino. Asimismo, los informes del Registro de la Propiedad serían gratuitos para el locatario. También prevé la revisión del límite de valuación fiscal para acceder a la exención del Impuesto de Sellos y la eliminación de cargos por conexión, reconexión o cambio de titularidad en servicios públicos.
Del otro lado, los propietarios que incorporen viviendas bajo estas condiciones recibirían simplificación y beneficios fiscales. Además, los 135 municipios bonaerenses están invitados a adherir mediante exenciones de tasas y derechos.
El diagnóstico: la locación puede absorber más del 55% del ingreso familiar
El proyecto se apoya en un estudio desarrollado durante tres años entre el Colegio de Martilleros y la UNNOBA. Daniel Di Palma, presidente del Colegio del Departamento Judicial Junín, explicó que el peso combinado del alquiler y los servicios puede absorber entre el 55% y el 60% del ingreso familiar en determinados casos.
Por eso, uno de los criterios centrales del proyecto es la segmentación territorial. La propuesta contempla adaptar los valores de referencia y los mecanismos de asistencia según las características de cada región de la Provincia, en lugar de aplicar un esquema uniforme para todo el territorio. El proyecto ya fue presentado al diputado provincial Rubén Eslaiman, que trabaja para convertirlo en proyecto de ley formal. No hay fecha de aprobación ni de entrada en vigencia.
