Un análisis de Zentrix Consultora concluye que el Presupuesto 2027 ya tiene los fondos para cumplir la Ley de Financiamiento Universitario. Hacerlo no modificaría el equilibrio fiscal. La decisión de no hacerlo, entonces, no es técnica: es política.
El argumento fiscal que se cae
El Gobierno vetó la Ley 27.795 con un argumento fiscal: la norma no identifica de dónde saldrían los fondos. Luego la promulgó, pero la suspendió mediante el Decreto 759/2025. Así, mantiene paralizada la ley desde octubre de 2025, cuando el Congreso la ratificó con dos tercios.
Como informamos en semanas anteriores, la Justicia ya ordenó cumplir los artículos de salarios y becas. Además, el 6 de octubre un juzgado federal ordenó aplicar la ley completa. Sin embargo, el Ejecutivo apeló esa sentencia y el conflicto sigue abierto.
Cuánto costaría cumplir la ley universitaria
El informe calcula el costo sobre los $7,35 billones que el proyecto 2027 asigna a las universidades. Cumplir lo exigible por la cautelar —recomposición de salarios y becas— costaría unos $2 billones en 2027. Aplicar la ley completa requeriría entre $2,45 y $3,65 billones, según la base de cálculo.
En todos los casos, ese monto representa entre el 1% y el 1,8% del gasto total previsto. Además, equivale a entre el 0,14% y el 0,26% del PBI. En otras palabras, no se trata de una cifra que comprometa las cuentas públicas.
Dónde están los fondos
La jurisdicción que más crece en el Presupuesto 2027 es Obligaciones a cargo del Tesoro. Pasa de $5,6 a $14,8 billones, con $7,68 billones consignados como “otras asistencias financieras” sin beneficiario definido. Tras descontar la reserva salarial y lo ya asignado a universidades, quedan $5,93 billones sin destino específico.
Asimismo, destinar esos fondos a las universidades no implica gasto nuevo. Los $5,93 billones ya están contabilizados en el gasto total del proyecto. Por eso, reasignarlos no alteraría el resultado financiero: solo reduciría la discrecionalidad del Ejecutivo para decidir adónde van.
La decisión es política, no económica
El Jefe de Gabinete ya puede reasignar créditos dentro del monto total aprobado, según la Ley de Administración Financiera 24.156. De esta manera, no hace falta una ley nueva para cumplir la norma universitaria. Tampoco se rompe el superávit fiscal.
Por otro lado, existe una salida legislativa. La Ley 24.629, que sustenta el Decreto 759/2025, solo bloquea el gasto hasta que el presupuesto incluya la partida correspondiente. Si el Congreso la incorpora al votar el Presupuesto 2027, el decreto pierde su fundamento legal.
El costo de no cumplir
El precio de la inacción lo pagan docentes y nodocentes. Nueve de cada diez pesos del presupuesto universitario van a salarios. Cada punto de diferencia entre el crédito y la inflación recae directamente sobre el ingreso del personal.
El acuerdo de junio cortó 19 meses de caída salarial. Sin embargo, el salario real sigue un 22% por debajo del nivel de noviembre de 2023. Además, según el Consejo Interuniversitario Nacional, unos 10.000 docentes renunciaron en ese período. En tanto, la ejecución real de ciencia y técnica universitaria en 2025 equivalió apenas al 38% de la de 2023. Así, la inacción del Gobierno tiene un costo humano concreto sobre el sistema universitario.
