La tarifa de la verificación técnica bonaerense subió un 17% promedio, atada a la paritaria de los mecánicos. El ministro de Desregulación cuestionó que la Provincia no haya adherido al esquema nacional que habilita talleres y concesionarias, y vinculó el tema con las elecciones de 2027.
La VTV se convirtió en un nuevo campo de batalla entre la Casa Rosada y la gobernación bonaerense. El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, cuestionó al gobierno de Axel Kicillof por el aumento de la verificación técnica vehicular y por su decisión de no adherir a la reforma nacional que permite hacer el trámite en talleres, concesionarias o durante el service. En su mensaje en X, cerró con una frase de tono abiertamente electoral: el dato, escribió, es “para recordar el año que viene cuando votes en la provincia”.
La crítica se sumó a la ofensiva del Gobierno nacional sobre territorio bonaerense, que esta semana también tuvo al jefe de Gabinete, Diego Santilli, como protagonista.
Cuánto aumentó la VTV en la Provincia
El Gobierno bonaerense autorizó una suba promedio del 17% en la tarifa de la VTV. La actualización estaba prevista para julio, pero se postergó tres meses para amortiguar el impacto sobre los usuarios.
El incremento está vinculado al acuerdo salarial entre el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA) y la Cámara Argentina de Verificadores de Automotores. Es decir, responde a la actualización de los costos laborales del sector.
Para los conductores de La Plata y la región, el aumento se suma a otras subas recientes, como la de los peajes de la Autopista Buenos Aires-La Plata administrada por AUBASA, en un contexto de salarios que pierden contra la inflación.
Qué propone el Gobierno nacional
La reforma impulsada por la gestión de Javier Milei busca ampliar los lugares habilitados para realizar la verificación: además de las plantas actuales, se podría hacer en talleres, concesionarias o durante el service del vehículo. Según el argumento oficial, más oferta generaría más competencia y bajaría los precios. La Ciudad de Buenos Aires ya comenzó a aplicar el nuevo esquema.
Sin embargo, la implementación no es sencilla ni siquiera donde hubo adhesión. Según publicó el propio MDZ, el cambio enfrenta trabas burocráticas que demoran la incorporación de nuevos talleres.
La postura de la Provincia
La administración de Kicillof decidió mantener las verificaciones exclusivamente en plantas autorizadas. Desde el Ministerio de Transporte bonaerense pusieron el acento en otro problema: las estafas vinculadas con obleas falsas y servicios sin habilitación.
Según datos oficiales, hasta la semana pasada se habían dado de baja 993 publicaciones y sitios web fraudulentos, y se habían presentado casi 200 denuncias ante fiscalías penales. El argumento provincial es que un esquema más disperso dificultaría los controles y podría favorecer ese tipo de maniobras.
El debate de fondo enfrenta dos lógicas: la desregulación como vía para bajar costos, que defiende la Nación, y el control centralizado como garantía de seguridad vial, que sostiene la Provincia.
Santilli, en modo campaña
La chicana de Sturzenegger llegó el mismo día en que Santilli lanzó una advertencia con tono electoral. El jefe de Gabinete planteó que los gobernadores deberían preocuparse ante un eventual triunfo de Kicillof, y enumeró escenarios negativos que, según su interpretación, traería un regreso del kirchnerismo, como cortes en la 9 de Julio, quita de coparticipación a la Ciudad y tomas de tierras.
Santilli, que lidera las menciones espontáneas para la Gobernación según una encuesta de DC Consultores, es además el funcionario al que el juez Martín Cormick multó esta semana con $100.000 diarios por incumplir la Ley de Financiamiento Universitario.
La sincronía de los mensajes muestra que el oficialismo nacional ya instaló la campaña bonaerense de 2027 en la agenda, con Kicillof como blanco principal.
Un frente más en la disputa Nación-Provincia
El cruce por la VTV se suma a otros choques recientes entre ambos gobiernos: la obra pública paralizada, la crisis del agua en Carlos Casares, el reparto de la coparticipación y el financiamiento universitario. En cada caso, la Casa Rosada responsabiliza a la gestión provincial y la Gobernación devuelve la responsabilidad a las políticas nacionales.
Qué puede pasar ahora
La Provincia no muestra señales de cambiar su postura sobre la VTV. Si el esquema nacional demuestra en la Ciudad que baja los precios sin aumentar los riesgos, la presión sobre la gestión de Kicillof crecerá. Si, en cambio, aparecen problemas de control, la Gobernación tendrá un argumento para sostener su decisión.
En el plano político, el episodio confirma que el oficialismo buscará convertir cada aumento y cada decisión provincial en material de campaña. Para Kicillof, el desafío será responder sin quedar atrapado en una discusión de costos que golpea directamente el bolsillo de los bonaerenses.
