A medio siglo del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, distintos relevamientos de opinión pública exponen una escena compleja: mientras una mayoría de la sociedad sostiene acuerdos básicos sobre lo ocurrido durante la última dictadura, gana visibilidad la percepción de que avanzan posturas que relativizan o niegan ese pasado.
Un estudio nacional de Proyección Consultores indica que el 38,7% de los encuestados considera que aumentaron los discursos negacionistas en los últimos años. En contraste, un 27% cree que disminuyeron y un 30,8% no observa cambios. En otras palabras, cuatro de cada diez personas perciben un crecimiento de estas posiciones en el debate público.
Ese dato convive con un núcleo de consenso todavía sólido: el 70% afirma que existió un plan sistemático del Estado para secuestrar, torturar y desaparecer personas, mientras que apenas el 17% sostiene la idea de una “guerra entre dos bandos”. En la misma línea, el 76,3% interpreta la consigna “Memoria, Verdad y Justicia” como un llamado a recordar a las víctimas y defender los derechos humanos, y el reconocimiento a los organismos históricos alcanza al 97,5%.
Apoyo a la memoria, pero con tensiones políticas
El respaldo a las políticas de derechos humanos sigue siendo alto. El 92,1% está de acuerdo con que la dictadura se enseñe en las escuelas y el 73,8% avala las políticas de Memoria, Verdad y Justicia desarrolladas desde el regreso democrático.
Sin embargo, estos datos contrastan con el rumbo adoptado por el gobierno de Javier Milei, que redujo el rango y la estructura del área de Derechos Humanos, con recortes de personal y presupuesto. En ese contexto, más de la mitad de los encuestados (50,9%) considera que todavía se habla “demasiado poco” sobre lo ocurrido entre 1976 y 1983.
En ciudades como La Plata, donde el impacto del terrorismo de Estado tuvo una marca profunda —con centros clandestinos como la Comisaría Quinta o el Pozo de Arana—, el debate no es abstracto: forma parte de la memoria colectiva y de la agenda pública cada 24 de marzo.
Democracia valorada, pero con señales de alerta
El sistema democrático mantiene una valoración mayoritaria: el 78,5% sostiene que, con todos sus problemas, es preferible a cualquier forma autoritaria. Pero aparecen fisuras: el 47,2% cree posible que en el futuro surja un gobierno autoritario y un 21% no descarta una eventual vuelta a una dictadura.
Además, seis de cada diez personas aseguran que el tema de la dictadura sigue presente en sus vidas o en su entorno familiar, lo que refuerza la idea de que la memoria no es solo institucional, sino también cotidiana.
Otra encuesta refuerza la preocupación
Un relevamiento de la consultora Zuban Córdoba profundiza ese diagnóstico. Según sus datos, el 25,2% de los argentinos no considera que entre 1976 y 1983 haya habido una dictadura, sino un “proceso de reorganización nacional”. A su vez, un 17,7% no sabe qué ocurrió en ese período.
De todos modos, la mayoría (57,1%) sí identifica ese ciclo como una dictadura cívico-militar con un plan sistemático de desaparición de personas, y el 68,6% reconoce que implicó violaciones a los derechos humanos, crisis económica y restricciones a las libertades.
El informe advierte que estas diferencias reflejan una disputa por el sentido del pasado reciente, en un escenario donde los discursos negacionistas ganan espacio, tanto en redes sociales como en sectores del poder político.
Generaciones y educación: un punto crítico
El estudio también detecta brechas generacionales. El apoyo a la democracia es más alto entre los mayores de 60 años (80%) y cae entre los jóvenes de 18 a 30 (56,2%). En paralelo, apenas el 15,8% cree que el sistema educativo prepara adecuadamente a los jóvenes para la vida democrática, mientras que la mayoría considera que esa formación es insuficiente o directamente inexistente.
Estos datos encienden alertas sobre el rol de la educación en la construcción de memoria histórica, un eje que en distritos como La Plata suele estar presente en escuelas, universidades y espacios de militancia.
Discursos oficiales y clima de época
Las encuestas también se leen en un contexto político atravesado por declaraciones oficiales que cuestionan aspectos centrales del consenso construido desde 1983. El propio Milei y referentes de su espacio, como Agustín Laje, han relativizado el número de desaparecidos y cuestionado la narrativa sobre los años ‘70, lo que alimenta la discusión pública.
Juicios que siguen en marcha
En paralelo a ese escenario, los procesos judiciales por delitos de lesa humanidad continúan activos. En las últimas dos décadas, 1.231 personas fueron condenadas por crímenes cometidos durante la dictadura, en causas que incluyen secuestros, torturas, desapariciones y apropiación de menores.
A pesar de los cambios políticos y del avance de discursos que relativizan esos hechos, el proceso judicial se mantiene como una de las políticas de Estado más consistentes desde el retorno democrático.
El cuadro general muestra una sociedad que, aunque sostiene mayoritariamente el consenso sobre lo ocurrido, enfrenta nuevas tensiones en torno a cómo se interpreta y se transmite ese pasado. En ese equilibrio, la memoria vuelve a ocupar un lugar central en la discusión pública.
