La investigación por abusos sexuales en el Senado bonaerense sigue sumando datos sensibles. La ministra de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz, reconoció que al asumir su cargo, en diciembre de 2019, ya conocía versiones y denuncias informales contra integrantes del Movimiento Ciudadano La Capitana.
Los acusados son Nicolás Rodríguez y Daniela Silva Muñoz, militantes kirchneristas con fuerte presencia en La Plata. Ambos permanecen detenidos y están imputados por múltiples hechos de abuso sexual, algunos ocurridos dentro del ámbito legislativo.
Denuncias previas y una década sin avances
Las primeras denuncias contra los referentes de La Capitana se registraron en 2014 y 2019. Ninguna avanzó de manera significativa durante años. En ese período, las acusaciones se mantuvieron como un secreto a voces dentro de sectores políticos y militantes de la ciudad.
La causa se reactivó recién en 2024, cuando aparecieron nuevas víctimas. La investigación quedó a cargo de la fiscal Betina Lacki, titular de la UFI N°2 de La Plata. A mediados de 2025 se abrió un segundo expediente con más denuncias.
Consultada por este medio, Estela Díaz no negó que conociera las sospechas antes de asumir como ministra. Señaló que “circulaban como rumores” y remarcó la dificultad de intervenir cuando no existen causas judiciales activas.
El rol del Estado y los límites legales
Los abusos sexuales entre personas adultas son delitos de instancia privada. Esto implica que los funcionarios públicos no están obligados a denunciar si la víctima no lo hace. Aun así, el caso volvió a poner en discusión el rol del Estado frente a situaciones de violencia de género conocidas informalmente.
El Ministerio de Mujeres y Diversidad tomó intervención formal recién en octubre de 2024. Fue a partir del pedido de ayuda de una empleada del Senado bonaerense.
La intervención del Ministerio de Mujeres
Tras el pedido de auxilio, el Equipo Interdisciplinario de la Legislatura elaboró un informe y lo elevó a la Dirección de Situaciones de Alto Riesgo y Casos Críticos. Desde allí se le indicó a la víctima que debía realizar primero la denuncia penal para acceder a medidas de protección, como el botón antipánico.
Este criterio fue cuestionado por referentes feministas que acompañaron a algunas denunciantes. Señalan que el Estado debería garantizar contención y prevención desde el primer contacto, incluso antes de la judicialización.
La denuncia penal se concretó recién a mediados de 2025.
Apartamiento tardío y sueldos en el Senado
Para ese momento, Rodríguez y Silva Muñoz ya tenían una orden de restricción dictada en diciembre de 2024 por otra causa. El secretario administrativo del Senado bonaerense, Roberto Feletti, dispuso su apartamiento de los cargos.
Sin embargo, ambos continuaron cobrando sus salarios hasta el mes pasado, cuando finalmente fueron detenidos. El dato generó fuertes cuestionamientos dentro de la Legislatura provincial.
Actos políticos, fotos y desmentidas
El caso también impactó en el peronismo platense. En agosto de 2025, Estela Díaz inauguró en Ringuelet la “Casa del Movimiento Derecho al Futuro”, espacio alineado con el gobernador Axel Kicillof.
Militantes locales aseguraron que La Capitana participó de actividades vinculadas a ese armado. La ministra lo negó y afirmó que no existe ningún vínculo político con la agrupación.
En redes sociales, sin embargo, circulan al menos tres fotos de Díaz junto a los acusados entre 2020 y 2025. La funcionaria explicó que se trató de situaciones circunstanciales en actos públicos.
Durante 2025, los imputados también compartieron espacios con algunas víctimas en actividades realizadas en La Plata, pese a las restricciones judiciales. En varias oportunidades debió intervenir la policía.
La “falsa abogada” y el entramado de impunidad
Un punto central de la causa es el rol de Melina Gaudino, conocida como la “falsa abogada”. Según la investigación, engañó a las víctimas haciéndoles creer que estaban siendo representadas legalmente.
El abogado Claudio Yacoy denunció que Gaudino utilizó su nombre sin autorización y simuló gestiones judiciales que nunca existieron. A pesar de no contar con título habilitante, ocupó cargos en el Ministerio de Seguridad bonaerense entre 2020 y 2023.
Luego fue designada en la Municipalidad de La Plata como Directora General de Acceso a la Justicia. Allí trabajó junto a Nicolás Rodríguez. Más tarde, en marzo de 2025, recaló en la UTN La Plata, nuevamente presentada como abogada en documentos oficiales.
Una causa que expone fallas estructurales
Esta semana, la fiscal Lacki solicitó la unificación de todas las causas contra la conducción de La Capitana. La definición quedará en manos de los jueces de garantías Juan Pablo Masi y Pablo Nicolás Raelle.
Más allá de las responsabilidades penales, la causa dejó expuestas fallas estructurales en los controles del Estado y de la dirigencia política. En una ciudad como La Plata, el expediente vuelve a plantear una pregunta incómoda: por qué la respuesta institucional llegó después de más de una década.
