La jueza federal Jennifer Rochon, del Distrito Sur de Nueva York, rechazó un pedido de cuatro fondos internacionales que buscaban vincular al Estado argentino con los activos de la criptomoneda $LIBRA. En su resolución, Rochon indicó que los ingresos podrían ser propiedad privada del presidente Javier Milei, su hermana Karina Milei, o de impulsores como Hayden Davis.
Los fondos acreedores, Palladian Partners, HBK Master Fund, Hirsh Group y Virtual Emerald International Limited, pretendían obtener documentación y testimonios en EE. UU. para reforzar reclamos relacionados con el default argentino de 2001. La jueza consideró que las pruebas presentadas —artículos, posteos en redes sociales y un supuesto acuerdo preliminar con una plataforma de intercambio— no eran suficientes para probar que los activos pertenecieran a la República Argentina.
“Las pruebas podrían sugerir que los beneficiarios serían el propio Milei, su hermana Karina o Hayden Davis”, señaló la magistrada.
Pérdidas millonarias y estrategias de cobro
Los fondos habían obtenido en 2023 un fallo favorable en Reino Unido, que obligaba a Argentina a pagar más de 1.500 millones de euros. Al comprobar que el Estado no había cumplido, los acreedores buscaron activos globalmente, enfocándose en $LIBRA, que según el fallo provocó pérdidas por 251 millones de dólares.
Rochon subrayó que, aunque existieran vínculos financieros entre $LIBRA y el entorno del presidente, la investigación debía hacerse en la Justicia argentina o inglesa, no en tribunales estadounidenses. También rechazó solicitudes excesivas de información, que incluían registros completos de la plataforma Meteora y citaciones a al menos trece personas, entre influencers, ingenieros y empresarios.
Actividad personal vs. institucional
Un informe de la Oficina Anticorrupción (OA) concluyó que la promoción de $LIBRA por parte de Milei fue una actividad personal, coincidiendo con la posición de la Casa Rosada, que niega cualquier implicancia estatal. Sin embargo, el fallo deja la incógnita: si fue privada, los beneficiarios podrían ser Milei o personas cercanas, y no el Estado argentino.
Este caso abre un debate sobre la línea entre actividad personal y gestión institucional y marca un precedente sobre cómo los tribunales internacionales tratan la responsabilidad de líderes políticos en proyectos privados, especialmente en el mundo de las criptomonedas.
