La reunión entre Julio Alak y Guillermo Britos dejó en claro que la crisis financiera de los municipios ya no admite dilaciones: los intendentes reclaman un nuevo Pacto Fiscal que compense la caída de ingresos y evite que la gobernabilidad local quede al borde del colapso.
En el Salón de los Acuerdos del Palacio Municipal, Alak recibió al jefe comunal de Chivilcoy para analizar la situación económica que golpea a las intendencias. La Plata, con su peso político y administrativo, busca instalar la discusión en la agenda nacional: sin recursos frescos, los municipios quedan atrapados entre la inflación, la baja recaudación y la creciente demanda social.
Empresas cerradas y consumo en retroceso
Los números son contundentes: en los últimos dos años cerraron unas 29 mil empresas en el país. Esa pérdida no solo erosiona el tejido productivo, también achica el consumo y multiplica los problemas en las economías locales. En La Plata, el impacto se traduce en comercios que bajan la persiana y en familias que ajustan gastos básicos.
Un pacto como salvavidas
Alak y Britos coincidieron en que un nuevo acuerdo fiscal podría funcionar como mecanismo compensatorio frente a la caída de la coparticipación. La idea es que el gobierno nacional habilite un esquema que garantice previsibilidad y permita sostener servicios esenciales en cada distrito.
El escenario político
El planteo suma tensión a la relación entre intendentes y Nación. La estrategia de mostrar unidad entre municipios de distinto signo político busca presionar para que la Casa Rosada atienda un reclamo que ya se siente en las calles: menos recursos implican menos obras, menos empleo y más conflictividad social.
Si el Pacto Fiscal no se concreta en el corto plazo, los municipios del Gran La Plata y del interior bonaerense podrían enfrentar un escenario de ajuste forzado, con impacto directo en servicios públicos y en la capacidad de respuesta frente a la crisis.
