La seccional La Plata de La Bancaria encendió las alarmas ante la posibilidad de que el Banco Nación avance con el cierre de sucursales en la región. La advertencia llegó tras el reciente cierre de la sede ubicada en Ramos Mejía, partido de La Matanza, lo que generó preocupación en el gremio que representa a los trabajadores bancarios.
Diego Lagrange, secretario general adjunto de La Bancaria en La Plata, advirtió que el cierre en el oeste del conurbano podría ser el comienzo de un plan más amplio para reducir la presencia territorial del banco público. “Estamos preparados porque creemos que pueden avanzar con algún cierre en la ciudad, pero no lo vamos a permitir”, afirmó el dirigente en declaraciones a 221Radio.
La Plata en la mira del ajuste
Actualmente, el Banco Nación opera siete sucursales en La Plata, donde emplea a unas 200 personas. Desde La Bancaria advierten que si se avanza con el cierre de oficinas en barrios como Los Hornos o Berisso, se dejaría sin atención bancaria a comunidades de más de 100 mil habitantes. En muchos casos, se trata de la única presencia financiera estatal en la zona.
“El impacto social sería muy fuerte. No es solo una cuestión de empleo, también hablamos de dejar sin servicios financieros a sectores enteros”, explicó Lagrange.
¿Excusa impositiva o plan de achique?
El cierre en Ramos Mejía fue justificado por el alto costo de las tasas municipales, que según cifras oficiales alcanzaron los $3.500 millones en los primeros ocho meses de 2024. No obstante, el gremio considera que se trata de una excusa para ejecutar un ajuste estructural que apunta a reducir el tamaño del banco y su presencia en distintas regiones del país.
En La Plata, el nivel de presión fiscal es del 4,7%. Aunque más bajo que en La Matanza, el temor es que ese argumento pueda usarse como justificación para nuevos cierres en la ciudad.
Riesgo de privatización y reclamo judicial
Lagrange también recordó que el Gobierno nacional intenta avanzar en la transformación del Banco Nación en una sociedad anónima, lo que implicaría un cambio profundo en el rol del banco público. Sin embargo, este intento está frenado actualmente por una medida cautelar dictada por el juez Alejo Ramos Padilla.
Desde el sindicato denunciaron que la estrategia oficial busca debilitar el carácter estatal del Nación, bajo el argumento de mejorar su eficiencia operativa. En ese marco, desde La Bancaria ratificaron su postura: no permitirán despidos y exigirán mantener todos los puestos de trabajo, mediante reubicaciones o esquemas de atención alternativos.
“La pelea no es solo por los trabajadores. Es por el derecho de miles de personas a seguir accediendo a un banco público en sus barrios”, concluyó Lagrange.
