El juez federal Ernesto Kreplak dictó una resolución de 382 páginas que agrava la situación de los 13 imputados, entre ellos el empresario Ariel García Furfaro, dueño de los laboratorios que produjeron el anestésico adulterado. Se cumplen exactamente un año de la primera denuncia.
El Juzgado Criminal y Correccional Federal N°3 de La Plata amplió este miércoles el procesamiento contra los 13 imputados en la causa por el fentanilo contaminado, al cumplirse un año exacto de la primera denuncia. En una resolución de 382 páginas, el juez Ernesto Kreplak dio por acreditadas al menos 90 muertes vinculadas al brote infeccioso y advirtió que la cifra es provisoria: hay más de 100 casos sospechosos todavía bajo análisis pericial.
La decisión agrava la situación procesal de los dueños de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., de directivos, técnicos y responsables de control de calidad que ya estaban procesados desde septiembre por adulteración de medicamentos. El principal apuntado es Ariel García Furfaro, accionista mayoritario de HLB Pharma y propietario real de Laboratorios Ramallo, a quien la Justicia considera la figura central de la mayor tragedia sanitaria de la Argentina. Su embargo asciende a un billón de pesos.
El caso nació aquí. El 13 de mayo de 2025, el Hospital Italiano de La Plata detectó un brote infeccioso inusual en pacientes que habían recibido fentanilo de la marca HLB. Los análisis del Instituto Malbrán determinaron que las ampollas estaban contaminadas con bacterias como Klebsiella pneumoniae y Ralstonia mannitolilytica, microorganismos luego hallados en los hemocultivos de pacientes fallecidos en hospitales de todo el país. El medicamento adulterado fue producido en diciembre de 2024 y circuló en el sistema sanitario entre enero y mayo de 2025, llegando a centros de salud de al menos 17 provincias.
Según la resolución judicial, el fentanilo se fabricó en condiciones «plagadas de serias deficiencias», con graves incumplimientos de las Buenas Prácticas de Fabricación y documentación presuntamente falsificada para aparentar procesos de calidad que no existían. El expediente también señala que los servidores del laboratorio fueron borrados por orden de uno de los imputados el 6 de mayo de 2025 y que el medicamento siguió produciéndose mientras la ANMAT inspeccionaba la planta y ya había detectado irregularidades críticas.
La investigación también abrió un frente sobre el rol del Estado. La fiscal federal María Laura Roteta cuestionó a la ANMAT y al Instituto Nacional de Medicamentos (INAME) por demoras en la respuesta al brote, información parcial y falta de supervisión efectiva de las buenas prácticas de fabricación.
Uno de los mayores obstáculos que enfrentó la causa fue la fragmentación del sistema sanitario: muchos hospitales demoraron la entrega de documentación, tenían historias clínicas incompletas y no remitían muestras bacteriológicas al Malbrán. Por eso, la cifra oficial de víctimas se maneja con cautela y continuará actualizándose a medida que el Cuerpo Médico Forense avance en la revisión de cada caso de forma individual.
Con los procesamientos ampliados y las apelaciones de las defensas pendientes ante la Cámara Federal de La Plata, la causa se encamina al juicio oral. Las expectativas de condena oscilan entre los 10 y los 25 años de prisión para los acusados.
