El Astillero Río Santiago (ARS), emblema industrial de Ensenada y orgullo histórico de la industria naval argentina, atraviesa una crisis estructural que combina falta de conducción, conflictos gremiales y una dependencia casi absoluta del financiamiento estatal. Sin presidente desde agosto y con su producción prácticamente detenida, el astillero bonaerense se transformó en una estructura que consume miles de millones de pesos sin lograr revertir su inactividad.
Un gigante sostenido por el Estado
Con una planta de casi 2.900 trabajadores y escasa actividad, el ARS opera hoy más como una oficina de liquidación de sueldos que como un polo industrial. Según datos oficiales de la Contaduría General de la Provincia, durante el primer trimestre de 2025 el astillero gastó más de 20 mil millones de pesos, de los cuales el 95% se destinó al pago de salarios. En 2024, el gasto total ascendió a 70 mil millones, mientras que los ingresos propios fueron apenas de 43 millones de pesos, el nivel más bajo de la última década.
El presupuesto proyectado para 2026 estima una erogación total de 105 mil millones de pesos, con 87 mil millones destinados al pago de sueldos, 11 mil para servicios y mantenimiento, y apenas 7 mil para inversión en capital. Una ecuación que evidencia la fragilidad de un modelo sostenido casi por completo por las arcas provinciales.
Pese a los esfuerzos del gobierno de Axel Kicillof por mantener la estructura y apostar a una posible reactivación productiva, la realidad muestra un panorama de parálisis operativa y escaso retorno económico. Los talleres, alguna vez símbolo del trabajo metalmecánico bonaerense, hoy se sostienen más por inercia política que por dinamismo industrial.
Sin conducción y con internas gremiales
Desde la renuncia de Pedro Wasiejko, el astillero permanece acéfalo. El ex titular —ligado a la CTA de los Trabajadores— dejó su cargo tras haber logrado apenas completar dos embarcaciones encargadas una década atrás por la Armada Argentina. Desde entonces, el Ministerio de Producción bonaerense, a cargo de Augusto Costa, no designó reemplazante, lo que profundizó la sensación de abandono institucional.
En paralelo, ATE Ensenada, el gremio con mayor peso en el ARS, enfrenta cuestionamientos internos por el manejo discrecional de ascensos y categorías. En las últimas semanas, la designación de “personal superior” con sueldos superiores a los 2,5 millones de pesos generó un fuerte conflicto interno. Una asamblea con más de 500 trabajadores forzó la marcha atrás de las asignaciones y expuso el malestar generalizado por la falta de transparencia sindical.
El episodio reactivó viejas tensiones entre la base y la conducción gremial encabezada por Francisco Banegas y Lorena Benaglia, acusada de haber negociado a espaldas de los trabajadores en las últimas paritarias. Los reclamos por una recomposición salarial se intensificaron, al igual que la crítica hacia la gestión provincial, que mantiene congelados los sueldos mientras declara superávit fiscal.
El trasfondo político y económico
El conflicto en el Astillero Río Santiago no puede leerse por fuera del contexto político provincial y nacional. Desde 2019, los presupuestos asignados a la planta fueron a la baja, mientras la inflación y la pérdida del poder adquisitivo golpean a sus empleados. A esto se suma la incertidumbre sobre el futuro del astillero en caso de un cambio de signo político en la Provincia hacia 2027.
En ese escenario, sectores libertarios impulsan su privatización. El diputado bonaerense Guillermo Castello presentó un proyecto para declarar “sujeto a privatización” al ARS, argumentando que se trata de una empresa “ineficiente, politizada y con un déficit millonario”. La iniciativa prevé la transferencia total de sus activos al sector privado y un plazo de un año para concretar la operación.
Castello asegura que “el Estado no necesita fabricar barcos” y cita casos internacionales donde la privatización mejoró la productividad. Según su planteo, el astillero concentra el 80% del empleo del sector naval argentino, pero solo genera el 20% del valor industrial, lo que, a su entender, demuestra “ineficiencia estructural”.
Fuerte rechazo gremial y debate por el futuro
Desde ATE y la CTA Autónoma bonaerense rechazaron de plano la propuesta. “Saqueo y entrega son los dos conceptos que guían este proyecto”, sostuvo Oscar de Isasi, secretario general de ATE Buenos Aires. El dirigente advirtió que, si se consolida el modelo de ajuste que impulsa el gobierno nacional, “crecen las posibilidades de que avancen con la privatización”.
También el propio Wasiejko calificó la iniciativa como “un intento de desmantelamiento del astillero”. El ex titular defendió el potencial productivo del ARS, que cuenta con infraestructura única en la región y un predio de 39 hectáreas con salida directa al Río de la Plata. Según su visión, el futuro del astillero debería orientarse hacia la exportación y la producción para el mercado de defensa, offshore y energía eólica, sectores en crecimiento a nivel global.
Mientras tanto, los trabajadores continúan reclamando mejoras salariales y condiciones laborales dignas. En julio, realizaron una protesta con cortes en la Autopista La Plata–Buenos Aires para exigir aumentos y reactivar las obras paralizadas.
Un desafío que trasciende Ensenada
El caso del Astillero Río Santiago refleja la tensión permanente entre el rol del Estado, la presión fiscal y la necesidad de mantener viva una estructura industrial con fuerte valor simbólico. En La Plata y el Gran La Plata, donde cientos de familias dependen de su funcionamiento, la preocupación crece ante la falta de un rumbo claro.
Con el presupuesto 2026 en debate y un nuevo pedido de endeudamiento provincial en carpeta, el futuro del astillero volverá a estar en el centro de la discusión política bonaerense: entre los que piden eficiencia, los que reclaman reactivación y los que temen su desaparición.
