Mientras el Gobierno nacional y sus aliados en el Congreso apuran un dictamen para bajar la edad de imputabilidad a 14 años, el debate por el Régimen Penal Juvenil entró en una fase decisiva. Este martes, un plenario de cuatro comisiones clave de la Cámara de Diputados se reunirá para tratar el proyecto que logró mayor consenso entre más de una decena de iniciativas presentadas. Aun así, sectores del kirchnerismo, la izquierda y organismos de derechos humanos redoblan sus esfuerzos para frenar su avance.
El proyecto, impulsado por el oficialismo, el PRO y otros bloques aliados, propone reemplazar la actual Ley 22.278 —vigente desde la última dictadura militar— por un sistema integral que regule la responsabilidad penal de adolescentes de entre 14 y 18 años. Entre sus puntos centrales se encuentra la reducción de la edad de punibilidad de 16 a 14 años, alineándose con la mayoría de los países de América Latina.
La presión social y mediática tras casos recientes de delitos graves protagonizados por menores, como el asesinato de Kim Gómez —una nena de 7 años arrastrada durante un robo en manos de adolescentes de 14 y 17 años—, aceleró la discusión legislativa. Aunque la mayoría de los diputados reconocen la necesidad de actualizar la legislación vigente, el proyecto no está exento de tensiones políticas.
En total, más de 100 diputados de las comisiones de Legislación Penal (Laura Machado, PRO), Familias y Juventudes (Roxana Reyes, UCR), Presupuesto (José Luis Espert, LLA) y Justicia (Manuel Quintar, LLA) participarán del debate. El borrador que logró más apoyo incluye 53 artículos distribuidos en once capítulos, y fue producto de ocho sesiones informativas con especialistas en derecho, niñez, neurociencia y criminología.
Uno de los datos que motorizaron el consenso fue el reconocimiento de que hoy, en muchos casos, los menores no punibles que cometen delitos graves quedan encerrados bajo medidas “tutelares”, sin garantías procesales, sin defensores y fuera del sistema judicial formal. Esta “zona gris” fue señalada como una de las principales razones para avanzar en una reforma que brinde herramientas concretas al Poder Judicial.
Desde el oficialismo sostienen que bajar la edad de imputabilidad no implica criminalizar la adolescencia. El proyecto incluye penas alternativas, medidas educativas, apoyo psicológico, capacitación laboral y seguimiento interdisciplinario. Además, se prohíbe explícitamente la prisión perpetua y se fija un régimen gradual para la privación de libertad, priorizando siempre la resocialización.
Uno de los puntos en los que hay acuerdo transversal es que ningún adolescente deberá cumplir condena en cárceles comunes junto a adultos. En caso de internación, se activará un control judicial y civil para asegurar condiciones adecuadas.
La iniciativa también incorpora principios procesales específicos para menores: legalidad, defensa obligatoria desde el inicio, celeridad procesal, proporcionalidad de las penas y participación activa del adolescente. La privación de libertad queda como último recurso, y siempre en establecimientos especializados.
A pesar del avance del oficialismo y de sectores del radicalismo y el massismo (que también presentó un proyecto con piso de imputabilidad a los 14 años), persiste una oposición firme desde el bloque de Unión por la Patria, agrupaciones de derechos humanos y la Iglesia. Este domingo, el obispo Dante Braida advirtió: “Encerrar a un chico no resuelve el problema de raíz”, en una declaración que refleja la postura institucional de la Pastoral Social de la Iglesia Católica.
La discusión vuelve a poner en escena un tema que divide aguas y cuya resolución podría marcar un cambio profundo en el sistema penal juvenil del país. En La Plata y la región, donde los delitos protagonizados por menores han generado un fuerte impacto social, el tema no pasa desapercibido. La ciudad cuenta con centros de contención juvenil y organismos judiciales especializados, que podrían verse directamente afectados por la implementación de esta reforma.
