Dos causas judiciales avanzan sobre los mismos protagonistas y ponen en foco la relación entre política y poder policial en la Provincia de Buenos Aires.
Maximiliano Bondarenko, excomisario inspector y candidato de La Libertad Avanza en la Tercera Sección electoral, y Manuel Ignacio Ortiz Valenzuela, exjefe de la Policía Ecológica, enfrentan en paralelo investigaciones que los vinculan tanto a una presunta maniobra dentro de la Bonaerense como a la usurpación de terrenos en City Bell.
La interna en la Bonaerense
El 24 de julio, el Ministerio de Seguridad bonaerense desafectó a 24 policías acusados de utilizar recursos del Estado para apoyar la candidatura de Bondarenko y planear un “golpe al comando institucional” que les asegurara puestos clave en la fuerza. La Auditoría de Asuntos Internos aportó como pruebas mensajes de WhatsApp y material extraído de equipos oficiales.
La investigación señala como núcleo de esas maniobras a la Dirección de Prevención Ecológica y Sustancias Peligrosas, bajo el mando de Ortiz Valenzuela. Un asado realizado el 11 de julio en su casa se volvió el emblema de la trama: allí participaron 24 uniformados —varios de alto rango— que, según la denuncia, planificaron actividades a favor de La Libertad Avanza.
Mientras la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, relativizó el hecho definiéndolo como una “reunión de camaradería”, el ministro bonaerense Javier Alonso amplió la acusación: sostuvo que los policías habían montado una “consultora política” dentro de la fuerza y filtraban información a legisladores libertarios. El expediente quedó en manos del fiscal Álvaro Garganta.
La ocupación de tierras en City Bell
De manera simultánea, el Juzgado Civil y Comercial N° 7 de La Plata investiga la ocupación irregular de terrenos en City Bell. La causa apunta directamente a Bondarenko y Ortiz Valenzuela, quienes —según la denuncia— se instalaron en parcelas linderas, construyeron viviendas y hasta compartieron una pileta.
Ambos se presentaron como testigos en juicios cruzados de usucapión, lo que refuerza la hipótesis de una estrategia coordinada. Imágenes satelitales incorporadas al expediente muestran que las obras comenzaron en 2015, aunque los acusados declararon haber tomado posesión en 1990. La diferencia en las fechas alimenta la sospecha de falsos testimonios.
Los lotes en disputa pertenecían a Germán Agosti y Emilia Clementina Guala, ambos fallecidos. Hoy son reclamados por herederos de las familias Agosti, Attademo y Aprea, en un conflicto sucesorio que se superpone con la trama político-policial.
Una sociedad bajo la lupa
Dos expedientes, uno penal y otro civil, confluyen sobre los mismos actores. Lo que comenzó como una denuncia de maniobra interna en la Bonaerense se cruza con un caso de usurpación de tierras en City Bell. En el centro, la relación entre un exjefe policial con poder de redes dentro de la fuerza y un candidato libertario con aspiraciones en la Legislatura bonaerense.
Una alianza que deja expuesta la frágil frontera entre política, seguridad y negocios en la Provincia de Buenos Aires, con impacto directo en la región capital.
