La provincia de Buenos Aires da un volantazo y negocia con el gobierno de Javier Milei para sumarse al polémico blanqueo de capitales. ¿El objetivo? Regularizar ahorros sin perseguir a los contribuyentes. ¿Qué significa esto para la economía y la política?
En un acción que marca un cambio significativo en la relación entre la provincia de Buenos Aires y el gobierno nacional, el titular de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA), Cristian Girard, confirmó esta mañana que se iniciaron conversaciones con la gestión de Javier Milei para adherir al controversial Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos, impulsado por el ministro de Economía, Luis Caputo. «No vamos a perseguir a nadie que tenga ahorros bajo su colchón», aseguró Girard durante una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno de La Plata, destacando un enfoque pragmático hacia la regularización de capitales no declarados.
Un giro inesperado en la postura bonaerense
La declaración de Girard llega tras meses de tensiones entre el gobierno provincial, liderado por Axel Kicillof, y la administração nacional de La Libertad Avanza. En noviembre de 2024, Kicillof había anunciado que Buenos Aires no adheriría al blanqueo, argumentando que la medida permitía a ARBA cobrar impuestos provinciales a quienes regularizaran activos, lo que generó críticas por considerarse un «blanqueo encubierto». Sin embargo, las recientes negociaciones con la Agencia de Regulación y Control de Actividades Financieras (ARCA) reflejan un cambio estratégico, motivado por la necesidad de garantizar la seguridad jurídica de los contribuyentes y evitar conflictos con la normativa nacional.
Girard enfatizó que el objetivo no es castigar a los ahorristas, sino establecer un marco claro para quienes deseen incorporar sus dólares no declarados al circuito formal. «Solo pedimos garantizar la seguridad jurídica de los y las contribuyentes», aclaró, subrayando que la provincia busca un equilibrio entre la adhesión al plan nacional y la defensa de sus intereses fiscales. Esta postura responde a las críticas previas de Kicillof, quien en mayo calificó el plan como «mucho ruido y pocas nueces» y expresó preocupaciones sobre la falta de aprobación legislativa para el blanqueo.
El contexto del Plan de Reparación Histórica
El Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos, anunciado por Luis Caputo el 22 de mayo de 2025, busca incentivar el uso de los «dólares del colchón», estimados en entre 240.000 y 300.000 millones de dólares, según el gobierno nacional. La iniciativa, que incluye un decreto y un proyecto de ley para modificar la Ley Penal Tributaria y la Ley de Procedimiento Tributario, elimina controles fiscales estrictos y eleva los umbrales para auditorías, permitiendo transacciones de hasta 50 millones de pesos sin reportes a ARCA. El plan también introduce un Régimen Simplificado de Ganancias para pequeños contribuyentes, excluyendo a grandes empresas, con el objetivo de «remonetizar» la economía y fomentar una «dolarización endógena».
Sin embargo, la propuesta ha generado controversia. Mientras el gobierno nacional asegura que no se trata de un blanqueo tradicional, sino de una medida para «devolver la libertad» a los ciudadanos, críticos como el actor Ricardo Darín han señalado una desconexión con la realidad económica de muchos argentinos, cuyos «colchones están apolillados». Por su parte, la provincia de Córdoba ya confirmó su adhesión al plan, mientras que Buenos Aires, el distrito con mayor peso electoral, había mantenido una postura resistente hasta ahora.
Conversaciones con ARCA: un paso hacia la coordinación
Girard reveló que las autoridades de ARBA mantuvieron una reunión con representantes de ARCA para discutir la implementación del plan en la provincia. «Hemos iniciado un diálogo para alinear el Plan de Reparación con las necesidades de los bonaerenses», afirmó, destacando que se busca un acuerdo de intercambio de información fiscal para garantizar transparencia sin vulnerar los derechos de los contribuyentes. Este enfoque responde a las advertencias del gobierno nacional, que indicó que las provincias que no adhieran podrían perder acceso a datos clave sobre facturación y consumos.
El cambio de postura de Buenos Aires también se da en un contexto político tenso. La alianza entre La Libertad Avanza y el PRO para las elecciones legislativas de septiembre en la provincia, con José Luis Espert como candidato, refleja una reconfiguración del mapa político bonaerense. La decisión de Kicillof de negociar con el gobierno de Milei podría interpretarse como un intento de evitar enfrentamientos directos en un año electoral clave, donde el oficialismo nacional busca desplazar al peronismo en el distrito.
Reacciones y perspectivas
La noticia generó reacciones mixtas en las redes sociales. Usuarios en X expresaron escepticismo, recordando las críticas iniciales de Kicillof al plan, mientras otros celebraron la posibilidad de una mayor formalización económica. Sin embargo, persisten dudas sobre cómo se implementará el blanqueo sin afectar la recaudación provincial, especialmente en un contexto de alta informalidad económica, que alcanza el 50% según el gobierno.
Para los contribuyentes bonaerenses, la adhesión al plan podría significar una oportunidad para regularizar ahorros sin temor a sanciones, pero también plantea interrogantes sobre la sostenibilidad fiscal a largo plazo. Como señaló Girard, «la provincia no renunciará a sus facultades tributarias», lo que sugiere que ARBA podría mantener ciertos controles para asegurar el cobro de impuestos como Ingresos Brutos.
Reconciliación fiscal
La decisión de Buenos Aires de iniciar conversaciones con el gobierno nacional marca un punto de inflexión en la relación entre ambas administraciones. Aunque el camino hacia la adhesión plena al Plan de Reparación aún enfrenta obstáculos, el diálogo entre ARBA y ARCA abre la puerta a una mayor coordinación fiscal en un país históricamente dividido por tensiones entre el poder central y las provincias. En un año electoral, este acercamiento podría tener implicaciones tanto económicas como políticas, mientras los argentinos observan si los «dólares del colchón» realmente impulsarán la reactivación económica prometida por Milei y Caputo.
