El Gobierno permitirá el uso de hasta 100 mil dólares no declarados sin explicar su origen. Especialistas advierten que la medida es ilegal y puede violar compromisos con el GAFI.
En plena presión por cumplir las metas del FMI y ante la falta de dólares, el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, anunció una medida polémica: se permitirá gastar hasta 100 mil dólares en efectivo, sin necesidad de justificar su procedencia. Aunque el Gobierno evita llamarlo “blanqueo”, expertos tributarios y financieros aseguran que se trata de una legalización encubierta de fondos en negro.
“Queremos que se usen los dólares sin dar explicaciones”, dijo Caputo, dejando en claro el objetivo del plan: incentivar el consumo de ahorros guardados fuera del sistema financiero, en cajas de seguridad o “debajo del colchón”. El anuncio apunta a movilizar parte de los más de 300 mil millones de dólares no declarados que los argentinos tendrían fuera del circuito formal.
Cómo funcionaría el nuevo blanqueo encubierto
La medida se implementaría a través de resoluciones del Ministerio de Economía, el Banco Central y la Administración Federal de Ingresos Públicos (ARCA). Permitirá usar dólares en transacciones como la compra de electrodomésticos, vehículos, terrenos o propiedades, sin tener que explicar su origen.
Aunque aún no hay detalles oficiales, trascendió que el monto habilitado sería de hasta 100.000 dólares por persona. La idea es evitar controles o requerimientos de información por parte de los comercios o bancos al momento de concretar operaciones.
Caputo justificó la iniciativa con un tono coloquial: “No compro el cuento de que la gente no saca sus dólares para gastarlos. No lo hacen porque les rompen los cocos”.
Los riesgos legales y fiscales del plan
Según especialistas consultados, esta desregulación violaría normas vigentes. La ley 11.683 establece que solo el Congreso puede aprobar blanqueos y eximir a los contribuyentes de sanciones. Ni el BCRA, ni ARCA, ni la UIF pueden legalmente habilitar este tipo de operaciones sin una ley formal.
Incluso si el Gobierno apelara al artículo 113 de la mencionada ley —que permite eximir multas e intereses—, eso no incluye la eliminación del pago de IVA ni del Impuesto a las Ganancias. Es decir, los ciudadanos podrían usar sus dólares sin sanciones, pero quedarían expuestos a reclamos fiscales en caso de un cambio de gobierno.
Además, los especialistas advierten que esta iniciativa podría violar los compromisos internacionales firmados con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), lo que pondría en riesgo la posición de Argentina ante los organismos internacionales.
Riesgo de volver a la “lista gris” del GAFI
El año pasado, Argentina logró evitar volver a la lista gris del GAFI, que incluye a países con deficiencias en la lucha contra el lavado de dinero. Sin embargo, este tipo de medidas podría hacer que el país pierda credibilidad y vuelva a quedar bajo observación.
Estar en la lista gris implicaría un encarecimiento del crédito internacional, una mayor desconfianza de los inversores y posibles trabas en las relaciones con organismos como el FMI, el Banco Mundial y el BID, actualmente los únicos prestamistas activos para la Argentina.
Un plan con foco en las reservas y el consumo
El objetivo de fondo del Gobierno es claro: movilizar dólares que están fuera del sistema para fortalecer reservas del Banco Central y mantener estable el mercado cambiario. La meta acordada con el FMI exige acumular 4.500 millones de dólares en reservas, en un contexto donde el acceso a crédito está prácticamente cerrado.
En ciudades como La Plata, donde muchas familias ahorran en efectivo y existe un fuerte componente de economía informal, la propuesta genera expectativas. El uso libre de dólares sin justificar podría reactivar sectores como la construcción, la venta de autos y el comercio de tecnología. Pero lo haría sin un marco legal firme, lo que expone a los ciudadanos y genera un clima de incertidumbre jurídica.
