El Ministerio de Economía de la Nación respondió finalmente ante el Juzgado Federal N° 4 de La Plata —a cargo del juez Alberto Recondo— y formalizó su negativa a avalar el crédito internacional de USD 270 millones que la provincia de Buenos Aires necesita para construir la planta de tratamiento de líquidos cloacales para La Plata, Berisso y Ensenada.
La respuesta lleva la firma del Subsecretario de Relaciones Financieras Internacionales, Martín Tolivia, y sostiene que el Estado nacional no está obligado a aprobar todos los pedidos de financiamiento que presentan las provincias.
Como adelantó InfoPlatense el 5 de julio, la obra lleva meses paralizada por la falta de ese aval. Sin la garantía nacional, Buenos Aires no puede acceder al préstamo de organismos multilaterales. La planta es la única solución estructural para un problema que hoy deja sin tratar 8.000 metros cúbicos por hora de efluentes que se vuelcan directamente al Río de la Plata.
Los argumentos de Caputo
En el escrito judicial, la cartera que conduce Luis Caputo desarrolla tres líneas de defensa. La primera es que Argentina dispone de un monto acotado de financiamiento con los organismos multilaterales, que debe distribuirse entre las 24 jurisdicciones y el Estado nacional. El Gobierno decide qué proyectos priorizar según sus propios criterios y los cupos disponibles.
La segunda es que Buenos Aires ya tiene una cartera considerable de préstamos internacionales —aproximadamente USD 2.241 millones— de los cuales restan ejecutar alrededor de USD 756 millones. Sobre esa base, Economía sugiere que la Provincia no necesita nuevos créditos sino que ejecute los que ya tiene.
La tercera, la más llamativa, es la propuesta alternativa: que Kicillof financie la obra con recursos propios, busque otras fuentes de financiamiento, o modifique préstamos ya vigentes para incorporar el proyecto sin requerir un nuevo aval nacional.
Por qué esa salida es inviable
Desde el Ministerio de Infraestructura bonaerense descartan esa alternativa con números concretos. La planta tiene un costo estimado de $450.000 millones. Esa cifra equivale al 43% de los gastos de capital del ministerio y al 70% del total de créditos asignados a inversión real directa durante 2026. Financiarla con fondos propios implicaría suspender prácticamente toda la cartera de obras: agua potable, saneamiento, hidráulica, energía y vialidad en decenas de municipios bonaerenses.
La Provincia también cuestiona el argumento de los fondos sin ejecutar. Señala que administra 17 operaciones de financiamiento internacional por USD 2.455 millones —con desembolsos acumulados de USD 1.175,6 millones— y que varios de los proyectos demorados esperan autorizaciones que el propio Gobierno nacional mantiene bloqueadas.
El patrón que no cambia
La respuesta judicial de Tolivia se conoce cuando el contraste con otras provincias ya era inocultable. Desde que asumió, el Gobierno de Milei aprobó 18 créditos internacionales para 10 provincias por USD 1.973 millones. Todas acompañaron al oficialismo en el Congreso. Buenos Aires no recibió ningún aval.
La planta de cloacas sigue en espera. Y los 8.000 metros cúbicos por hora de efluentes sin tratar siguen llegando al Río de la Plata.
