Gerardo Pollicita dio por válida la explicación de que los más de 500.000 dólares que el funcionario declaró tarde provenían de operaciones con Bitcoin anteriores a su llegada al Gobierno. Sin embargo, advirtió que ese dinero estuvo años fuera del radar de ARCA, rechazó el sobreseimiento y pidió que la causa pase al fuero Penal Económico.
El fiscal federal Gerardo Pollicita concluyó que no hay pruebas para sostener que el patrimonio de Manuel Adorni haya crecido de manera ilegal durante su paso por la función pública. Para el funcionario del Gobierno de Javier Milei, es un alivio judicial. Pero parcial: el mismo dictamen abrió otra línea de investigación por una posible evasión tributaria.
Así lo informó Ámbito, que accedió al dictamen.
Qué dijo el fiscal en el caso Adorni
Según Pollicita, la conducta atribuida a Adorni no encuadra en los delitos de enriquecimiento ilícito ni de omisión maliciosa de declarar bienes, previstos en el artículo 268 del Código Penal.
Sin embargo, aclaró que eso “no significa que no deba responder por una conducta antijurídica de otra naturaleza”. Por eso, rechazó dictar el sobreseimiento.
La explicación de los Bitcoin
La defensa sostuvo que el dinero provenía de operaciones con Bitcoin realizadas entre 2014 y 2018, antes de que Adorni ocupara cargos públicos. Para respaldarlo, presentó ocho direcciones de billeteras virtuales, un informe técnico y una constatación notarial del control de las claves.
El fiscal ordenó verificar esa versión con la Policía Federal y pidió información a ARCA y a la ANSES. Entre los resultados:
- Las billeteras: la defensa demostró que hoy controla las ocho direcciones, aunque la prueba no permitió establecer desde cuándo ni si ese control era exclusivo.
- La actividad: las billeteras registraron movimientos entre 2014 y 2018, y los peritos consideraron técnicamente consistente que Adorni las controlara entonces.
- La capacidad económica: los ingresos formales del matrimonio hacían posible una inversión de unos 200.000 dólares en Bitcoin.
Con esos elementos, Pollicita consideró que no pudo desvirtuar la explicación. Así, los 565.000 dólares declarados como tenencia inicial de 2023 podrían provenir de la venta de esos activos, cuyo producido la defensa estimó en 591.544,61 dólares.
Los gastos en efectivo
El fiscal también consideró que esos fondos explicaban los gastos en dólares detectados en la investigación, que sumaron 402.578,12 dólares. De ese total, el 92,9% se pagó en efectivo.
Entre esos gastos figuran la compra de un lote en el Country Indio Cuá y su remodelación, el mobiliario de un departamento en la calle Miró, un pago de 30.000 dólares al escriturar esa propiedad y gastos familiares como viajes, alquileres y colegios.
Por qué lo investigan por evasión
Aunque descartó el enriquecimiento ilícito, el fiscal fue crítico con la forma en que Adorni declaró su patrimonio. El funcionario había omitido inicialmente los 565.000 dólares en efectivo, sus criptoactivos y el lote del country, que incorporó recién el 10 de junio de 2026, con la investigación en marcha.
Además, la propia defensa reconoció que los ahorros se mantuvieron durante años en efectivo, fuera del sistema bancario y del radar de ARCA. A partir de eso, Pollicita identificó cinco posibles irregularidades:
- Ingresos profesionales que habrían financiado la compra de Bitcoin y no habrían sido declarados.
- El dinero de la venta de esos activos, que quedó fuera de las declaraciones de Bienes Personales hasta 2026.
- Resultados de operaciones posteriores con criptoactivos sin tratamiento fiscal acreditado.
- Diferencias entre lo informado ante la plataforma Binance y lo declarado ante los organismos públicos.
- Préstamos declarados a nombre de terceras personas cuya entrega de fondos no habría sido acreditada.
La causa pasaría al fuero Penal Económico
Por eso, el fiscal pidió que el expediente pase a la Justicia Nacional en lo Penal Económico, que deberá analizar las declaraciones de Ganancias, Bienes Personales y otros tributos. Todavía resta determinar los montos y las posibles responsabilidades en cada período fiscal.
Otros pedidos de investigación
El dictamen incluye otros planteos. Pollicita pidió investigar a los desarrolladores inmobiliarios Leandro Miano y Pablo Feijoo y al contratista Matías Tabar, quienes, según el fiscal, reconocieron haber realizado operaciones por fuera del control impositivo.
Además, solicitó remitir las actuaciones al Colegio de Escribanos porteño para analizar la intervención de la escribana Adriana Mónica Nechevenko.
El dictamen del fiscal no cierra la causa. Ahora, el juez deberá resolver si acepta el criterio de Pollicita y envía el expediente al fuero Penal Económico.
En definitiva, Adorni sale del frente más grave, el enriquecimiento ilícito, pero queda expuesto a una investigación tributaria que todavía debe definir si hubo evasión y por qué montos.
