La Legislatura bonaerense aprobó la ley que restringe el uso del teléfono en las secundarias, pero el debate se abre en dos frentes. Los trabajadores de la educación cuestionan la prohibición como camino único y los colegios privados reclaman autonomía para gestionar el tema. Mientras tanto, el texto espera promulgación, publicación y reglamentación.
El debate sobre los celulares en las escuelas entra en una etapa más compleja de lo que anticipaba el impulso inicial de la norma. La Legislatura bonaerense sancionó la semana pasada una ley que restringe el uso del teléfono y otras pantallas tecnológicas en las secundarias de gestión estatal y privada. Sin embargo, apenas se aprobó, aparecieron dos voces críticas que marcan los límites del nuevo esquema: los docentes del aula, que advierten sobre las dificultades concretas de la aplicación, y los colegios privados, que piden autonomía para gestionar la medida según su propio proyecto educativo.
La norma, de apenas seis artículos, establece que los celulares deberán permanecer sin uso durante toda la jornada escolar, salvo autorización explícita del docente con fines pedagógicos. En números, el alcance es significativo: 1,4 millones de adolescentes y más de 4.000 establecimientos secundarios en toda la Provincia de Buenos Aires. Pero el texto todavía no está en vigor: falta la promulgación del gobernador Axel Kicillof, la publicación en el Boletín Oficial y, sobre todo, la reglamentación específica que determinará cómo se aplica efectivamente la restricción.
Celulares en las escuelas: la mirada desde el aula
Desde el campo docente, la lectura es matizada. Los trabajadores de la educación que están cotidianamente frente a los grupos de adolescentes vienen planteando que la prohibición, por sí sola, no resuelve el problema. En algunos casos coinciden con la necesidad de regular el uso del dispositivo —especialmente para evitar distracciones, consumos problemáticos y situaciones de ciberbullying— pero advierten que el camino no puede reducirse a sacar el teléfono del aula sin más.
Entre los puntos que señalan desde el sector aparecen cuestiones concretas: cómo convive la prohibición con la conectividad real de muchas familias, que utilizan el teléfono como herramienta de comunicación con los chicos; cómo se gestionan las excepciones pedagógicas cuando el docente quiere usar el celular para una actividad; y, sobre todo, cómo quedan los educadores frente a los conflictos con alumnos y familias si deben aplicar una medida sin respaldo claro.
En paralelo, la discusión se cruza con el debate sobre el uso de pantallas en infancias y adolescencias, un tema que ganó espacio en la agenda pública con informes crecientes sobre impacto en la salud mental, en el rendimiento escolar y en la calidad del sueño. Pero los propios educadores sostienen que una política efectiva requiere más que un marco normativo: necesita formación docente, acompañamiento institucional, trabajo con familias y, en muchos casos, inversión en recursos pedagógicos alternativos.
Celulares en las escuelas: el reclamo de los colegios privados
Desde el lado del sector privado, la reacción fue institucional. La Asociación de Instituciones Educativas Privadas (Aiepa) reclamó formalmente que la nueva normativa contemple excepciones y brinde respaldo jurídico a los colegios que deban aplicarla. En lo central, los representantes del sector piden autonomía para gestionar el tema según los proyectos educativos propios de cada institución.
El argumento es claro: muchos colegios ya tienen reglamentos internos sobre uso de celulares, protocolos consensuados con familias y estrategias pedagógicas específicas. En algunos casos, se trabaja con sistemas de guardado del dispositivo al ingreso; en otros, se habilita el uso en situaciones concretas; en otros, se incorpora el teléfono como herramienta educativa. Una prohibición general, sin margen para esas particularidades, obliga a los colegios a reformular esquemas que ya funcionan y a asumir conflictos innecesarios con familias.
Además, los privados plantean una preocupación de fondo: el respaldo jurídico frente a eventuales reclamos. Si un docente debe aplicar la restricción y surge un conflicto con alumnos o padres, ¿quién responde? ¿Qué protocolo rige? ¿Hay cobertura institucional para la medida? Esas preguntas, hoy sin respuesta, serían las que debería contestar la reglamentación pendiente.
La ley que aprobó el Senado
La norma fue presentada originalmente por el diputado Martín Rozas, de Unión y Libertad, y recibió apoyo transversal de distintos bloques. En el Senado bonaerense se votó el martes 6 de octubre tras haber pasado por Diputados. La iniciativa toma como referencia a la Ley 15.534 sobre dispositivos tecnológicos en escuelas primarias, aprobada hace diez meses pero todavía no reglamentada por el gobierno provincial.
Ese antecedente agrega otro foco al debate: si la ley de primaria no se aplicó porque no hubo reglamentación, ¿qué pasará con la de secundaria? La reglamentación quedará en manos de la Dirección General de Cultura y Educación, bajo la conducción de Flavia Terigi. Sin ese paso, la ley sancionada seguirá como norma formal sin aplicación efectiva.
La discusión política dentro del propio peronismo
El tema de los celulares en las escuelas generó también fricciones dentro del oficialismo bonaerense. El senador Emmanuel González Santalla, de La Cámpora, pidió hace pocos días al gobernador y a la ministra Terigi que pongan en marcha la norma pendiente sobre primaria y aceleren la aplicación efectiva de la de secundaria. El argumento, según el legislador, es que los docentes quedan en una posición compleja: enfrentan a los alumnos y después a los padres, sin una determinación clara desde las autoridades que respalde su decisión.
Esa tensión interna expone un dilema que atraviesa la gestión provincial. Por un lado, hay una ley sancionada que marca una política pública clara. Por otro, los sectores vinculados a la gestión educativa prefieren no avanzar con prohibiciones generalizadas y apostar a estrategias más matizadas. El resultado es una norma vigente formalmente pero sin aplicación concreta, y un debate que sigue abierto en las aulas sin un marco común para resolverlo.
El trasfondo educativo y social
Más allá de la pelea institucional, el debate llega en un momento en que la cuestión de las pantallas en infancias y adolescencias ocupa cada vez más espacio en la agenda pública. Un reciente estudio de la UNLP detectó impactos concretos del uso intensivo de redes sociales sobre la salud mental de los jóvenes, con picos de ansiedad vinculados a interacciones digitales. En el mismo sentido, informes del sector educativo bonaerense señalaron que casi la mitad de los alumnos de primer grado presentaba exceso de peso, un fenómeno vinculado también al sedentarismo y al uso prolongado de dispositivos.
En ese contexto, el reclamo por regular el uso del celular en el aula tiene un fundamento concreto. Sin embargo, la pregunta sigue siendo cómo. Y es ahí donde se concentra el debate que, por ahora, no logra cerrarse: entre quienes creen que la prohibición es el único camino posible y quienes sostienen que hace falta un abordaje más integral, con autonomía institucional, participación de familias y herramientas pedagógicas específicas.
Qué viene
El próximo paso formal está en manos del Ejecutivo bonaerense. La ley debe ser promulgada por Kicillof, publicada en el Boletín Oficial y reglamentada por la cartera educativa provincial. Mientras tanto, los colegios siguen operando con sus reglamentos internos y los docentes resuelven caso por caso, sin un marco común que los respalde.
Si el Gobierno provincial acelera la reglamentación con criterios claros y espacios de participación institucional, la norma puede convertirse en una herramienta útil para ordenar el uso del celular en las aulas. Si, en cambio, se repite el camino de la ley de primaria —aprobada pero sin aplicación—, el nuevo marco quedará como un gesto político sin impacto real. En cualquier escenario, el debate sobre los celulares en las escuelas promete seguir vigente en los próximos meses, con los docentes y las familias como principales protagonistas de la discusión cotidiana.
