En la recta final de enero, el conflicto paritario entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las cámaras empresarias del transporte automotor logró destrabarse y quedó sin efecto la amenaza de un paro de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tras varias semanas de tensión, audiencias extendidas y advertencias gremiales.
Lo que comenzó como un pulso duro por recomponer salarios en un contexto de alta inflación y pérdida de poder adquisitivo terminó con un acuerdo que desactivó la medida de fuerza, aunque con una mejora salarial moderada y repartida en varios tramos.
Detalles del acuerdo y contexto de la negociación
La UTA, que agrupa a los choferes de colectivos de corta y media distancia, llevó adelante el reclamo central sobre la necesidad de aumentar el salario básico de los trabajadores por encima de los valores congelados desde finales de 2025. Antes del entendimiento, el salario básico registrado rondaba los $1.370.000, sin ajustes pese al avance de los costos de vida, y con un ingreso total promedio que, incorporados los ítems adicionales, superaba ampliamente ese piso oficial.
Las cámaras empresarias, por su parte, habían ofrecido incrementos muy por debajo de las expectativas sindicales, cercanos a un 1% mensual, una propuesta que la UTA calificó como insuficiente y que condujo a varios cuartos intermedios en la Secretaría de Trabajo de la Nación y advertencias públicas de medidas de fuerza.
Finalmente, tras audiencias sucesivas donde el Gobierno actuó de mediador, las partes acordaron un esquema de subas de 1,4% para enero, 1,3% para febrero y otro 1,3% para marzo, que eleva progresivamente el piso salarial de modo que en abril los choferes del AMBA tendrán un básico de alrededor de $1.574.000.
De la amenaza de paro a la homologación
Este acuerdo fue homologado en la Secretaría de Trabajo luego de intensas negociaciones en las que la UTA mantuvo firme el reclamo de recomposición y las cámaras empresarias advirtieron sus dificultades financieras ante el aumento sostenido de costos operativos —combustibles, repuestos, cargas sociales y demás insumos— sin una contrapartida clara en subsidios o actualización tarifaria.
Antes de la firma, la posibilidad de un paro —que hubiera sido el primero del año y podría haber afectado la movilidad de millones de usuarios— se volvió un tema repetido en reclamos públicos y en la agenda del transporte urbano. La UTA llegó a fijar el 30 de enero como fecha límite para la definición del aumento, y el fracaso en audiencias previas había avivado la percepción de que la huelga era una amenaza tangible.
La recomposición acordada, aunque moderada frente al contexto inflacionario, evitó la interrupción del servicio en el AMBA y encaró una salida negociada que preserva la prestación de un servicio esencial para la vida cotidiana de los trabajadores, estudiantes y miles de habitantes del Gran Buenos Aires y la Ciudad.
Qué significa para los usuarios y el sector
Para los ciudadanos que utilizan colectivos a diario —entre ellos buena parte de la población de La Plata que se traslada a la capital federal o al conurbano—, el acuerdo representa la garantía de continuidad del servicio sin interrupciones sorpresivas en el corto plazo. Sin embargo, la recomposición salarial alcanzada aún se ubica por debajo de las tensiones inflacionarias que afrontan los trabajadores, algo que podría volver a tensar las paritarias futuras si no hay ajuste más estructural en tarifas o subsidios.
En clave política y económica, este acuerdo pone de relieve las limitaciones del esquema de políticas salariales y subsidios vigente, en un contexto donde el transporte urbano es uno de los sectores más sensibles a la inflación y a los desequilibrios entre costos operativos y precios finales, y donde cualquier intento de reforma implica tensiones importantes tanto para empresas como para sindicatos.
