Tras una semana con aulas semivacías, la universidad vuelve a dictar clases, pero los gremios ya confirmaron nuevas medidas. El conflicto salarial se cruza con un fallo judicial que complica al Gobierno y anticipa más tensión.
La Universidad Nacional de La Plata (UNLP) intenta retomar el ritmo académico tras el paro docente de alta adhesión, pero el regreso a las aulas llega con fecha de vencimiento: los gremios ya anunciaron nuevas medidas de fuerza que volverán a impactar en facultades y colegios en los próximos días.
El arranque del cuatrimestre quedó desdibujado. Entre huelgas, feriados y jornadas sin actividad, en algunas unidades académicas la cursada prácticamente no arrancó. Y lejos de encaminarse, el conflicto promete profundizarse.
Un calendario académico en pausa intermitente
Esta semana, las clases volverán a interrumpirse por un paro no docente convocado por ATULP para el miércoles, lo que afectará el funcionamiento administrativo y operativo de toda la UNLP.
Pero el horizonte inmediato es todavía más complejo: los gremios docentes nucleados en CONADU, con adhesión de ADULP, ya confirmaron un paro nacional del 27 de abril al 2 de mayo. En paralelo, sectores de la Conadu Histórica impulsan otra medida entre el 13 y el 18 de abril, aunque con adhesión dispar en La Plata.
El dato no es menor: el conflicto no solo sigue abierto, sino que suma capas de tensión con medidas superpuestas y falta de coordinación total entre los distintos espacios sindicales.
La calle también se suma: marcha universitaria en puerta
El clima de protesta se trasladará además a la calle. Para el 23 de abril está prevista una nueva Marcha Federal Universitaria, con participación de la Federación Universitaria de La Plata (FULP) y respaldo del frente sindical del sector.
La convocatoria busca reeditar el impacto político de movilizaciones anteriores, en un contexto donde el financiamiento universitario vuelve a estar en el centro del debate nacional.
Fallo judicial que presiona al Gobierno
En paralelo al conflicto gremial, la Justicia Federal sumó un elemento clave: ordenó al Gobierno nacional avanzar con la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario.
La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal rechazó la apelación del Ejecutivo y ratificó la obligación de actualizar salarios docentes y no docentes —entre diciembre de 2023 y septiembre de 2025— y recomponer programas de becas.
Los jueces consideraron que el impacto fiscal es bajo y remarcaron que está en juego el derecho constitucional a la educación superior. Además, calificaron como arbitraria la decisión previa de frenar la norma mediante el Decreto 759/2025.
En términos políticos, el fallo expone al Gobierno en un frente sensible: la universidad pública, con alta capacidad de movilización y respaldo social.
Impacto desigual en La Plata y tensión en las escuelas
En la región, el impacto del paro fue dispar. Mientras algunas facultades mantuvieron actividad parcial —como Informática y Económicas—, en otras la adhesión superó el 50%.
Donde el efecto fue total fue en los colegios preuniversitarios: la Escuela Anexa, el Nacional, el Liceo Víctor Mercante y el Bachillerato de Bellas Artes no tuvieron clases.
Ese escenario encendió alarmas entre familias. En la Anexa, padres advierten que los alumnos apenas sumaron nueve días de clases desde el inicio del ciclo lectivo.
Las críticas apuntan a la continuidad de las medidas y al impacto sobre los más chicos. Del otro lado, sectores de la comunidad educativa defienden el reclamo salarial y organizan actividades para visibilizarlo, como jornadas de reflexión y asambleas impulsadas por grupos de familias.
Un conflicto que ya desborda lo salarial
Lo que empezó como un reclamo por recomposición salarial se transformó en un conflicto estructural que combina ajuste presupuestario, judicialización y presión social.
En La Plata, donde la UNLP tiene un peso central en la vida económica y social, cada jornada sin clases no solo afecta a estudiantes y docentes: también impacta en alquileres, consumo y dinámica urbana.
Qué puede pasar en las próximas semanas
El escenario inmediato anticipa más interrupciones que normalidad. Con paros confirmados, una marcha nacional en agenda y un fallo judicial que obliga al Gobierno a mover fichas, el conflicto universitario entra en una fase más política que académica.
Si no hay señales concretas de recomposición salarial en el corto plazo, el riesgo es claro: un cuatrimestre atravesado por la inestabilidad y una universidad que funciona a media máquina.
