La investigación por presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó un capítulo explosivo: allanamientos, audios, chats, operadores informales, funcionarios cercanos a figuras clave del Gobierno y un hallazgo que incomodó al oficialismo —US$700.000 en el departamento de una funcionaria del Ministerio de Economía—. La causa, que avanza en Comodoro Py, dejó al descubierto un entramado que combinaba negocios con proveedores, decisiones administrativas direccionadas y una red de recaudación que operaba dentro y fuera del Estado.
Para la Justicia, el caso no se limita a un esquema interno de sobreprecios: se trata de una maniobra sostenida en el programa PACBI, destinado justamente a financiar tratamientos costosos y medicamentos para personas con enfermedades poco frecuentes. Un fondo sensible y estratégico que, de confirmarse las sospechas, habría sido transformado en una “caja paralela”.
Un operador central, vínculos políticos y un circuito aceitado
El fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello identificaron a Miguel Ángel Calvete como la figura clave de la trama. Empresario, exvocero de supermercados chinos, exconcejal de La Matanza y con un largo historial judicial, aparece señalado como el articulador entre laboratorios, droguerías y funcionarios.
Los investigadores lo describen como un “operador paraestatal” con influencia directa sobre decisiones de la ANDIS. En ese rol, habría coordinado pagos, direccionamiento de compras y, según la fiscalía, un circuito de recolección y distribución de dinero proveniente de proveedores como Ortopedia Sagués, MED-EL, Ortopedia Alemana, New Farma, Profarma, Profusión e INDECOMM, firma que él mismo presidía.
La lista de investigados incluye a:
- Diego Spagnuolo: exdirector de ANDIS, con llegada política a la Casa Rosada. Es quien debe declarar en Comodoro Py con una batería de audios, mensajes y fotos en su contra. La defensa alega que las grabaciones “no son reales”.
- Daniel Garbellini: mano derecha de Spagnuolo en la agencia.
- Pablo Atchabahian: con vínculos en el sector farmacéutico; impartía órdenes como si integrara el organismo, pese a no tener cargo formal.
- Sergio Mastropietro: señalado como pieza clave del presunto circuito de lavado.
- Luciana Ferrari: tenía acceso ilegal al sistema SIIPFIS, utilizado para habilitar pagos y contrataciones.
El entramado operaba con un nivel de coordinación que la fiscalía considera propio de una asociación ilícita.
Los chats que comprometen al corazón del esquema
La pericia sobre los teléfonos de Calvete y otros imputados dejó una radiografía precisa del funcionamiento interno, con conversaciones que los investigadores consideran determinantes:
1. “Grupo Museo”: planificación, favores y definiciones desde arriba
Un grupo de WhatsApp creado en 2022 muestra cómo se discutían nombramientos, pagos y vínculos con la política nacional. Allí se repetía una referencia: “Karina es la que define todo”, en relación a Karina Milei.
2. Los movimientos en efectivo y el “viaje a Israel”
En un intercambio con Spagnuolo, Calvete organizó la entrega de dinero para “el pelado que viaja a Israel”. Las cámaras registraron al exdirector de ANDIS entrando a la casa del empresario con una mochila.
3. El “3%”, los proveedores y los US$700.000
Los chats entre Calvete y su hija, Ornella, revelan negociaciones sobre comisiones y contactos con empresas del sector salud. En uno de los diálogos, tras una reunión con Ortopedia Alemana, ella celebraba:
“Si sale todo bien, te compro un tambo o una granja”.
Calvete respondió:
“No hace falta… con el 3% a KM está perfecto”.
Para Picardi, esa frase refiere directamente al pago de comisiones.
El hallazgo que sacudió al Gobierno: US$700.000 en San Telmo
La causa tomó una dimensión política mayor cuando, durante el allanamiento del 9 de octubre, la Justicia encontró US$700.000 en efectivo en el departamento de Ornella Calvete, entonces directora nacional en el Ministerio de Economía. La funcionaria renunció recién cuando el dato se hizo público.
Su pareja, Javier Cardini, subsecretario de Gestión Productiva y figura cercana a Santiago Caputo, estaba presente durante el procedimiento. Los investigadores también siguen el vínculo con Juan Neuss, amigo íntimo de Cardini e integrante del círculo de confianza del Gobierno.
En chats posteriores, Ornella le preguntó a su padre cómo justificar la “mosssca” guardada en su casa y si podía presentar dinero “blanco” de INDECOMM para cubrirse. Entre las opciones que barajaba, incluso propuso decir que “alguien le prestó” los dólares.
La funcionaria declaró en su última presentación jurada bienes por unos $33 millones, sin activos en moneda extranjera.
Audios, contratos y la trama que expuso a la ANDIS
La investigación comenzó cuando se filtraron audios atribuidos a Spagnuolo hablando de un circuito de recaudación vinculado a la compra de medicamentos para el programa Incluir Salud. A partir de ahí, la fiscalía reconstruyó un mapa de proveedores que, en apenas un año y medio, concentraron contratos por alrededor de $40 mil millones.
Además, se detectó que personas sin cargo en la agencia accedían al sistema SIIPFIS con usuarios prestados, un indicio de control paralelo sobre las contrataciones.
Un caso con impacto en la política nacional
La combinación de pruebas —dólares sin justificar, conversaciones que involucran a funcionarios y operadores, y una estructura que habría funcionado durante buena parte de la gestión actual— dejó al Gobierno en una posición incómoda.
El expediente ahora avanza hacia posibles imputaciones más profundas, con un punto central por despejar:
- ¿De quién era realmente el dinero hallado?
- ¿Qué alcance tenían las órdenes de quienes operaban dentro y fuera del Estado?
- ¿Qué impacto político tendrá cuando se definan las responsabilidades?
Mientras tanto, las indagatorias continuarán durante noviembre y diciembre, con Calvete, Spagnuolo y otros quince imputados desfilando por Comodoro Py.
