A semanas del inicio de clases, las escuelas privadas de la Provincia de Buenos Aires —muchas con fuerte presencia en La Plata y la región— advierten que llegan al ciclo lectivo 2026 con un desfasaje financiero difícil de absorber. El problema no es nuevo, pero este año se profundiza por el impacto de aumentos salariales retroactivos que todavía no pueden terminar de trasladar a las cuotas.
Desde la Asociación de Institutos de Enseñanza Argentina (AIEPA) explican que las instituciones deben afrontar subas en los haberes docentes correspondientes a diciembre, enero y febrero, incluyendo el proporcional del aguinaldo, mientras que la normativa vigente impide actualizar aranceles hasta marzo en el caso de los establecimientos que reciben aporte estatal.
Ese desfase genera un bache de al menos tres meses en el que los colegios deben cubrir costos más altos sin ingresos equivalentes. “Los colegios con aporte estatal sólo pueden cobrar cuotas actualizadas desde marzo. Eso deja una brecha sin cobertura para los nuevos costos laborales”, señaló el secretario ejecutivo de AIEPA, Martín Zurita.
Salarios que corren, cuotas que esperan
Según el esquema acordado en la última paritaria docente bonaerense, las instituciones deben absorber un incremento salarial acumulado cercano al 8,1%. Ese porcentaje surge de la suma de ajustes retroactivos de diciembre (1,5% incluyendo el SAC), enero (3,3%) y febrero (3,3%).
El punto crítico es el calendario: en enero deben liquidar haberes con aumentos retroactivos, en febrero sostener la estructura sin actividad plena y a comienzos de marzo afrontar los sueldos de ese mes. Todo esto ocurre en el período en que muchos colegios no perciben cuotas o lo hacen de forma parcial.
Un sistema grande, pero atado a topes
En la provincia funcionan alrededor de 4.800 establecimientos privados con subvención estatal, que representan más del 70% del total del sector. Estas instituciones están sujetas a topes arancelarios fijados por el Gobierno bonaerense, lo que limita su margen de maniobra frente a subas de costos.
En ciudades como La Plata, donde la matrícula privada tiene un peso importante en los niveles inicial, primario y secundario, la situación genera preocupación tanto en directivos como en familias, que también enfrentan presupuestos ajustados.
Menos alumnos y más morosidad
A la tensión por los salarios se suma un fenómeno estructural: la caída en la cantidad de estudiantes. Desde AIEPA advierten que la baja en la matrícula se repite en distintos puntos del país y golpea de lleno en la sustentabilidad de los proyectos educativos.
Además, las escuelas privadas vienen registrando niveles de morosidad por encima de los promedios históricos. Las dificultades económicas de muchas familias complican la cobranza regular de las cuotas, justo cuando los costos operativos —servicios, mantenimiento, tecnología e insumos— siguen en alza.
“Las instituciones hacen un esfuerzo constante por sostener y mejorar la calidad educativa en un contexto cada vez más exigente”, planteó Zurita. Sin embargo, el arranque del ciclo lectivo encuentra a gran parte del sector haciendo equilibrio entre obligaciones salariales inmediatas y reglas arancelarias que corren con otro calendario.
