El reciente acuerdo salarial entre el gobierno de la provincia de Buenos Aires y los gremios docentes abrió un nuevo frente de discusión en el sistema educativo: las escuelas privadas reclaman autorización oficial para actualizar las cuotas mensuales. Desde el sector advierten que, sin ese aval, se complica afrontar los aumentos salariales acordados para los próximos meses.
La negociación paritaria cerró con un incremento del 9% para los docentes, distribuido en tres tramos, que se suma a mejoras otorgadas hacia fines del año pasado. Si bien los representantes de las instituciones privadas aseguran que no cuestionan la recomposición salarial, sostienen que el impacto económico obliga a revisar los aranceles que pagan las familias.
En la provincia de Buenos Aires funcionan más de 4.000 establecimientos privados con algún nivel de subsidio estatal, pero no todos reciben el mismo nivel de financiamiento. Muchos cuentan con aportes que cubren entre el 40% y el 80% de los salarios docentes, mientras que el resto de los gastos —incluidos sueldos no subvencionados, infraestructura, servicios y mantenimiento— queda a cargo de cada institución.
Por esa razón, cualquier aumento de las cuotas debe contar con la aprobación del gobierno bonaerense, ya que la mayoría de estas escuelas forma parte del sistema educativo subvencionado.
El reclamo del sector educativo privado
Desde la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la República Argentina (AIEPA) plantearon que la actualización de aranceles es necesaria para sostener el funcionamiento de las instituciones.
El secretario ejecutivo de la entidad, Martín Zurita, explicó que la situación financiera de muchas escuelas ya venía siendo delicada antes del nuevo acuerdo salarial.
“Las escuelas tienen que pagar los aumentos salariales, pero si no se autorizan ajustes en las cuotas se genera un problema financiero muy grande”, sostuvo.
Según datos del sector, alrededor del 70% de los colegios privados de la provincia recibe algún tipo de aporte estatal, lo que implica que los incrementos en los aranceles deben ser previamente habilitados por la administración provincial.
Cierre de escuelas y caída de matrícula
El reclamo también se apoya en un diagnóstico que preocupa a las instituciones educativas privadas. En los últimos años se registraron cierres de colegios en distintos distritos del conurbano y también en La Plata, un fenómeno que comenzó a profundizarse tras la pandemia.
Entre los factores que explican esta tendencia aparecen la caída de la natalidad, la disminución de la matrícula —con unos 300 mil alumnos menos en cuatro años—, el atraso en las cuotas frente a la inflación, el aumento de tarifas de servicios y la pérdida de poder adquisitivo de muchas familias.
En ese contexto, algunas instituciones logran seguir funcionando, pero con un margen financiero cada vez más ajustado. “Hay escuelas que no cerraron, pero están muy endeudadas o recurriendo a créditos para poder pagar sueldos y cargas sociales”, advirtió Zurita.
La preocupación por nuevas tasas municipales
A la presión por los costos se suma otra inquietud que comenzó a circular en el sector: la aparición de tasas municipales que también alcanzan a las escuelas privadas, consideradas formalmente como pymes.
Uno de los casos que encendió alertas es el del municipio de Pilar, donde el Concejo Deliberante aprobó una ordenanza que establece un pago de 7.500 pesos mensuales por cada empleado.
El impacto potencial es alto si se tiene en cuenta la estructura laboral de los colegios. “Una escuela privada no tiene cuatro o cinco empleados. En promedio trabajan entre 60 y 100 personas”, explicó Zurita.
Con esos números, una institución de tamaño medio podría afrontar entre 1,5 y 2 millones de pesos mensuales en tasas municipales, lo que equivaldría a más de 20 millones de pesos al año.
Desde AIEPA consideran que este tipo de medidas agrava la situación económica de los establecimientos y adelantaron que evalúan acciones judiciales, luego de no haber obtenido respuestas a pedidos de reunión con autoridades locales.
Un escenario en tensión para el sistema educativo
Mientras el gobierno bonaerense busca sostener el equilibrio de la paritaria docente, el sistema de educación privada enfrenta un escenario complejo, atravesado por costos en alza, caída de matrícula y dificultades económicas de las familias.
En ciudades como La Plata, donde el sector privado tiene un peso significativo dentro de la oferta educativa, la discusión sobre las cuotas vuelve a instalarse en el inicio del ciclo lectivo y podría impactar directamente en el bolsillo de miles de familias.
