La Asociación de Institutos de Enseñanza Privada Argentina (AIEPA) presentó una acción ante la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires para pedir la inconstitucionalidad de una medida del Gobierno de Axel Kicillof que obliga a los colegios privados a derivar los aportes de su personal no docente y extraprogramático del sistema nacional —administrado por ANSES— al Instituto de Previsión Social provincial (IPS).
La controversia no quedó en el ámbito educativo: el propio Gobierno nacional demandó a la Provincia ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por el mismo motivo.
Qué dispuso la Provincia y por qué los colegios lo cuestionan
El conflicto nació en el artículo 59 de la Ley de Presupuesto 2026 de la Provincia de Buenos Aires. Esa norma establece que los docentes extraprogramáticos —quienes dictan materias o actividades fuera de la planta funcional obligatoria— y el personal no docente de escuelas de gestión privada deben migrar del régimen nacional al IPS bonaerense.
Desde AIEPA aclaran que el problema no es el destino de los aportes. Es la ausencia de un marco legal que autorice el cambio. «No existe, hasta el momento, una norma nacional que libere expresamente a las instituciones de aportar al régimen administrado por ANSES», explicó Martín Zurita, secretario ejecutivo de la Asociación.
En la práctica, eso crea una trampa. Si un colegio deja de ingresar aportes al sistema nacional sin una autorización expresa, puede quedar expuesto a reclamos de deuda por parte de ANSES, ARCA u otros organismos. Y si aporta a ambos regímenes al mismo tiempo, el costo laboral se vuelve insostenible.
El impacto sobre los trabajadores: 50.000 personas en la incertidumbre
El eventual traspaso alcanzaría a entre 50.000 y 55.000 trabajadores: personal auxiliar, no docente y docentes a cargo de actividades extraprogramáticas. Para ellos, el cambio no sería neutro.
Por un lado, el aporte personal al IPS provincial resulta más alto que el previsto en el régimen nacional. Por otro lado, quienes acumularon años de contribuciones en ANSES podrían perder continuidad previsional. Si en el futuro no reúnen los años suficientes para jubilarse por el IPS, terminarían jubilándose por ANSES, pero con años de aportes ya derivados a la Provincia. AIEPA lo calificó como un riesgo concreto de doble perjuicio para los trabajadores afectados.
Las instituciones también perderían un beneficio vigente en el régimen nacional: el esquema diferencial de contribuciones patronales para establecimientos educativos privados incorporados a la enseñanza oficial. Si ese beneficio queda inaplicable, el costo laboral de los colegios subiría directamente.
Una medida sin diálogo previo con el sector
Desde AIEPA sostienen que la Provincia adoptó la medida sin una instancia previa de consulta y sin garantizar un marco operativo claro. La Asociación presentó su postura formalmente ante la DIEGEP —la Dirección de Escuelas Privadas bonaerense— y solicitó que no se exija a los establecimientos la incorporación de personal extraprogramático a la planta funcional hasta que haya certeza normativa y judicial.
La vía elegida por la Provincia para instrumentar el cambio —una cláusula incluida en la ley de presupuesto— tampoco habilitó un debate sectorial previo ni articulación con los organismos nacionales.
La Nación también demanda a la Provincia
El conflicto escaló cuando el Gobierno nacional intervino en el mismo sentido. El Ministerio de Capital Humano presentó una acción ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación contra la Provincia de Buenos Aires (expediente CSJ 001481/2026-00), solicitando la declaración de inconstitucionalidad de la norma y una medida cautelar para suspender su aplicación.
Para AIEPA, esa demanda es un respaldo sustancial. «La cuestión no se limita a una discusión administrativa local, sino que involucra competencias nacionales, obligaciones previsionales vigentes, recursos de la seguridad social y el principio de supremacía normativa», señalaron.
Los argumentos jurídicos de la Asociación descansan en cuatro pilares: la vigencia del régimen nacional, la jerarquía normativa federal, la falta de coordinación entre Nación y Provincia, y el riesgo de reclamos cruzados de organismos de ambos niveles. En ese cuadro, la demanda del Ministerio de Capital Humano confirma que la Provincia avanzó sobre un terreno que el Estado nacional no está dispuesto a ceder.
El litigio corre en paralelo en dos instancias: la acción de AIEPA ante la Suprema Corte bonaerense y la demanda nacional ante la Corte Suprema. La posición de los colegios privados es, por ahora, esperar una definición judicial antes de implementar cualquier cambio.
