El Gobierno nacional logró este martes un paso clave en el Congreso al obtener dictamen favorable para el proyecto de Presupuesto 2026. El aval, alcanzado en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, habilita el debate en el recinto de Diputados y le da al oficialismo la posibilidad concreta de convertir la iniciativa en ley antes de fin de año. De concretarse, sería el primer presupuesto aprobado durante la gestión de Javier Milei.
El dictamen, que reunió 28 firmas, llegó tras una negociación intensa con bloques aliados y gobernadores dialoguistas, y con cambios de peso incorporados a último momento. Entre ellos, la derogación de las leyes de financiamiento universitario y de emergencia en discapacidad, una decisión que consolida por vía legislativa el ajuste que el Ejecutivo ya viene aplicando en ambos sectores.
Apoyos, concesiones y negociación política
La mayoría que permitió avanzar al oficialismo se armó con votos de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, el MID y bloques provinciales como Innovación Federal —que responde a los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta) y Hugo Passalacqua (Misiones)—, Elijo Catamarca (Raúl Jalil), Producción y Trabajo (Marcelo Orrego, San Juan) e Independencia, alineado con Osvaldo Jaldo (Tucumán).
En ese marco, el Gobierno volvió a recurrir a los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) como herramienta de negociación: destinó unos 43 mil millones de pesos a Tucumán, Misiones y Chaco. Además, sumó al temario la reforma de la Ley de Glaciares, un reclamo histórico de provincias con fuerte perfil minero.
El punto más sensible: universidades, discapacidad y salud
La polémica mayor se concentró en el artículo 75 del dictamen, donde el oficialismo incorporó la derogación de las leyes que garantizan financiamiento a las universidades nacionales y la emergencia en discapacidad. Ambas normas habían sido aprobadas con amplias mayorías y vetadas por el Presidente, veto que luego fue revertido por el Congreso.
El Ejecutivo sostiene que esas leyes nunca contaron con partidas presupuestarias específicas y que su vigencia generó reclamos judiciales. Sin embargo, si el Presupuesto se aprueba tal como está, el ajuste sobre esas áreas quedará ratificado por ley, pese a los fallos que ordenaron aplicar, al menos de manera transitoria, la emergencia en discapacidad.
También quedó fuera del esquema de financiamiento específico el Hospital Garrahan, un punto que generó fuerte rechazo en la oposición y en sectores vinculados a la salud pública.
Proyecciones económicas y recorte del gasto social
El corazón del Presupuesto 2026 plantea un escenario macroeconómico optimista: crecimiento del 5% del PBI, inflación anual del 10,1% y un tipo de cambio de $1.423 para diciembre del próximo año. Además, prevé un aumento del 10,6% en las exportaciones y del 11% en las importaciones.
En términos fiscales, el Gobierno proyecta un superávit primario del 1,5% del PBI y un superávit financiero del 0,2%, incluyendo el pago de intereses de la deuda.
Sin embargo, el ajuste se refleja con claridad en las partidas sociales. El gasto en jubilaciones crecería apenas un 5%, la inversión en salud un 17% y en educación un 8%, todos porcentajes por debajo de la inflación estimada. Además, el proyecto no resuelve el reclamo de las provincias por las cajas previsionales, un tema sensible para distritos como la provincia de Buenos Aires.
Disidencias y dictámenes alternativos
El debate en comisión dejó expuestas las tensiones políticas. Unión por la Patria presentó un dictamen de minoría que garantiza el financiamiento universitario, la emergencia en discapacidad y pediátrica, mantiene el régimen de zonas frías, propone recomponer ingresos jubilatorios y actualizar el bono previsional.
Desde ese espacio, el diputado Pablo Yedlin calificó la derogación de las leyes como una “falta de respeto institucional”. En la misma línea, el peronismo anticipó que en el recinto responderá cada iniciativa oficialista con una propuesta alternativa, para dejar en claro que existe otro camino posible en materia presupuestaria.
El PRO y la UCR, que acompañaron el dictamen general, plantearon disidencias parciales, sobre todo por haber votado previamente las leyes que ahora se buscan derogar. Provincias Unidas, en tanto, presentó su propio dictamen alternativo y analiza una postura de abstención, aunque con diferencias internas.
El factor CABA y el impacto en la provincia de Buenos Aires
Otro punto clave que podría apuntalar el respaldo al Presupuesto es la incorporación de un artículo que habilita el pago de la deuda de coparticipación con la Ciudad de Buenos Aires, en cumplimiento de un fallo de la Corte Suprema. La cláusula fue reclamada por el PRO y aceptada por el oficialismo en las últimas horas.
En contraste, no hubo una acción similar para contemplar los fondos que la Nación dejó de transferir a la provincia de Buenos Aires, una deuda que el gobernador Axel Kicillof estimó en alrededor de 9 mil millones de dólares. Un dato que no pasa desapercibido en distritos como La Plata, donde el ajuste nacional tiene impacto directo en universidades, hospitales y políticas sociales.
Lo que viene
Con los dictámenes firmados, el Gobierno buscará este miércoles la media sanción del Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados. La sesión promete ser extensa y tensa, con cruces duros entre oficialismo y oposición, y con un debate de fondo que excede los números: qué Estado se financia y quiénes pagan el costo del ajuste.
