La Patagonia vuelve a arder y la escena se repite con una crudeza cada vez más difícil de disimular. En Chubut, especialmente en la Comarca Andina, los incendios forestales ya arrasaron más de 3.500 hectáreas de bosque nativo, obligaron a evacuar a miles de personas y dejaron viviendas destruidas, animales muertos y economías locales golpeadas. Pero junto al drama ambiental y humano, emerge una discusión política de fondo: el fuerte recorte y la subejecución de los fondos nacionales destinados a prevenir y combatir el fuego.
Según denunció un amplio abanico de organizaciones ambientalistas, el Presupuesto 2026 prevé para el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) una partida de $20.131 millones. En términos reales, representa una caída del 69% respecto de 2023 y del 78,5% en comparación con 2025. La cifra cobra otra dimensión si se la cruza con los datos de ejecución: durante 2024, el Gobierno nacional utilizó apenas el 22% de los recursos asignados al organismo, pese a que fue el año con mayor cantidad de incendios desde 2016. En 2025, el patrón se repitió, con una subejecución del 25%, lo que dejó sin usar casi $20.000 millones que podrían haberse destinado a equipamiento, infraestructura, capacitaciones y mejoras laborales para brigadistas.
El recorte no es solo presupuestario. También impacta en las metas operativas. Para 2026, las horas de vuelo previstas para tareas de combate y apoyo caerán de las 5.100 programadas en 2023 a apenas 3.100. Algo similar ocurre con los informes de alerta temprana y evaluación de riesgo: pasarán de 2.310 previstos en 2025 a 1.850 el año próximo. Menos vuelos, menos alertas y más incendios fuera de control no parecen una casualidad.
Fuego, evacuaciones y clima extremo
El incendio que se inició el 5 de enero en cercanías de Puerto Patriada y el lago Epuyén avanzó con rapidez sobre matorrales y bosques andino-patagónicos, empujado por una combinación letal de sequía histórica, temperaturas superiores a los 25 grados y vientos que alcanzaron los 41 km/h. En apenas 48 horas, las llamas llegaron a las puertas de Epuyén y El Hoyo, forzando evacuaciones masivas y el corte de la Ruta Nacional 40, un corredor clave de la región.
El operativo desplegado es uno de los más grandes de los últimos años: más de 300 brigadistas y voluntarios, aviones hidrantes enviados desde varias provincias, apoyo aéreo de Chile y la intervención del Boeing 737 Fireliner, capaz de descargar 15.000 litros de agua por vuelo. Aun así, la geografía agreste, los accesos limitados y la reactivación constante de focos en zonas ya trabajadas exponen los límites de una respuesta que llega, muchas veces, tarde.
El gobernador Ignacio Torres calificó el escenario como “la peor tragedia ambiental en 20 años” y advirtió que el impacto se extenderá mucho más allá de la emergencia: turismo paralizado, pequeños productores afectados y comunidades enteras que deberán reconstruirse casi desde cero.
Investigación y sospecha de intencionalidad
Mientras el fuego sigue activo, la investigación judicial sumó un dato clave. El fiscal general de Chubut, Carlos Díaz Mayer, confirmó que peritos hallaron rastros de acelerantes en el área donde se habría iniciado el incendio, a pocos metros del único camino de acceso y salida de Puerto Patriada. “Es un hecho deliberado e intencional”, sostuvo, y remarcó el riesgo extremo que implicó el lugar elegido: miles de personas y cientos de vehículos podrían haber quedado atrapados.
La hipótesis de incendios intencionales vuelve a poner bajo la lupa la decisión del Gobierno nacional de avanzar con la derogación de la Ley de Manejo del Fuego, aprobada en 2020. La norma prohíbe durante 30 a 60 años el cambio de uso de las tierras incendiadas, justamente para desalentar negocios inmobiliarios o productivos sobre zonas arrasadas por el fuego. El anuncio del vocero presidencial, Manuel Adorni, reactivó un debate político que también llegó al Congreso. Máximo Kirchner, autor de la ley, pidió al presidente Javier Milei que revierta la medida y advirtió que eliminarla solo beneficia a “negocios para pocos y desastre para muchos”.
Un debate que excede a la Patagonia
Aunque el epicentro del desastre está en Chubut, la discusión no es ajena al resto del país. El ajuste sobre la prevención de incendios expone una lógica reactiva que contrasta con la magnitud de los eventos climáticos extremos, cada vez más frecuentes. Para ciudades como La Plata, donde los efectos del cambio climático también se traducen en inundaciones, olas de calor y crisis ambientales, el debate sobre el rol del Estado y la inversión en prevención no es abstracto: es una advertencia.
Mientras tanto, en la Patagonia, el fuego no espera debates presupuestarios. Avanza. Y deja en claro que, cuando la prevención se recorta, la factura siempre llega después, con intereses ambientales, sociales y económicos difíciles de pagar.
